La movilización se realiza este miércoles desde Plaza Houssay hasta Tribunales, en CABA. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en el marco del paro de trabajadores Nodocentes.
Este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hs, habrá una marcha de velas para exigir el cumplimiento del Financiamiento Universitario, por parte de distintas organizaciones y gremios universitarios, en Plaza Houssay, entre las calles Córdoba y Junín.
Bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, la concentración contara con la presencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con los gremios docente y no docente de la UBA (ADUBA y APUBA) y diversos centros de estudiantes.
Los gremios universitarios reclaman por el cumplimiento de la ley
La marcha contará con una programación de tres partes: a las 17 se reunirán las distintas partes en la plaza, a las 18 comenzará la movilización hacia el Palacio de Justicia en Tribunales y por último, a las 19 habrá una clase pública de una hora de Derecho Constitucional, que es cuando se encenderán las velas.
La citación a la marcha llega después de que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) llamara a 3 paros de 24 horas en días separados para exigir también el financiamiento a las universidades públicas, cuya Ley se ha aprobado y el Ejecutivo ya apeló, generando descontento en los círculos facultativos.
Paro de la FATUN
El gremio Nodocente anunció tres paros de 24 horas en las universidades públicas en reclamo de mejoras salariales
La FATUN activó un plan de lucha para el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre ante la falta de acuerdo paritario y el freno a la Ley de Financiamiento Universitario.
La contundente medida de fuerza fue oficializada tras la reunión del Consejo Directivo de la FATUN, donde se resolvió un cese total de tareas del personal no docente en todas las casas de altos estudios del país. La dirigencia sindical remarcó la necesidad de «continuar con un plan de lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación», dejando en evidencia el malestar acumulado en el sector por el deterioro de los ingresos.
El eje central del reclamo exige de manera «urgente» a la gestión del presidente Javier Milei la inmediata recomposición salarial, la actualización del presupuesto destinado a la investigación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Federación enfatizaron la postura del colectivo de trabajadores al manifestar: «Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública».
Universidades públicas en crisis: tendrán un 72% menos de fondos
La medida extrema responde a la parálisis en las negociaciones paritarias y al escenario de conflicto judicial respecto a la norma aprobada y ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso. La gestión de Milei sostiene una postura de incumplimiento frente a la ley bajo el argumento de la falta de previsión presupuestaria y el impacto fiscal negativo, habiendo supeditado su aplicación mediante el Decreto 759/2025 a que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento.
Un estudio elaborado por la consultora Zentrix indica que el proyecto de Presupuesto 2027 contiene recursos sin asignación específica por casi $6 billones que permitirían cubrir los costos de recomposición salarial y presupuestaria, equivalentes a entre el 0,18% y el 0,26% del PBI.
El camino del incumplimiento
La viabilidad financiera para cumplir con la Ley 27.795 quedó en el centro del debate económico y político mientras se desarrolla el plan de lucha de las universidades. El informe titulado Financiamiento universitario: cuánto cuesta cumplir la Ley 27.795 y dónde están los fondos en el Presupuesto 2027, difundido el pasado jueves 15 de octubre, detalla que la aplicación integral de la norma demandaría un adicional de entre $2,45 y $3,65 billones durante el próximo año.
En el plano legal e institucional, la Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en 2025 tras insistir con los dos tercios frente al veto inicial del Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025. Pese a que el Gobierno la promulgó con el Decreto 759/2025, suspendió su ejecución alegando falta de previsión de fuentes de financiamiento. Tras los fallos del Fuero Contencioso Administrativo que declararon inconstitucional dicha suspensión y ordenaron el cumplimiento inmediato de la recomposición salarial y de las becas estudiantiles, la administración central interpuso recursos de apelación que mantienen la causa bajo disputa judicial, posicionando al debate parlamentario del Presupuesto 2027 como una alternativa legislativa directa para destrabar el conflicto.
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