La Justicia ordenó la reincorporación del Delegado de FeSiMuBo cesanteado, el pago de todos los salarios caídos más costas e intereses, y condena al Municipio a reconocer a la FeSiMuBo en el Distrito. Fuerte revés judicial para el poder político de Florencio Varela: la Justicia frena la persecución y reivindica la libertad sindical.
En un fallo que marca un hito para el movimiento obrero de la región, la Justicia laboral asestó un duro golpe al andamiaje político e institucional de Florencio Varela.
El Tribunal del Trabajo N° 1, con una integración excepcional de magistrados foráneos para garantizar imparcialidad, hizo lugar al amparo sindical y ordenó la inmediata reinstalación de Osvaldo Roberto Martínez en su puesto de trabajo.
El dirigente, consagrado legítimamente por sus compañeros como Secretario General del novel Sindicato de Empleados Municipales (SEMFV), fue blanco de un hostigamiento sistemático por parte del Ejecutivo local que culminó con una cesantía, ahora fulminada por el tribunal al considerarla un acto liso y llano de discriminación antisindical.
Esta victoria judicial no es casual y responde a una convicción inquebrantable: desde el momento mismo de su asamblea fundacional, el SEMFV decidió adherirse orgánicamente a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO).
Esta es la histórica organización que resistió la nefasta Ley 11.757 y batalló en las calles hasta lograr la sanción de la Ley 14.656, devolviéndole la dignidad y la estabilidad a los trabajadores municipales. Ante el despido persecutorio, la conducción de la FESIMUBO, encabezada por Hernán Doval, encomendó al equipo de legales que diseñaran y ejecutaran una estrategia judicial para defender a Martínez y blindar el derecho a la organización obrera.
El fallo desnuda un mensaje político insoslayable en el bastión de Julio Pereyra, histórico titular de la FAM.
El derrotero para alcanzar esta reparación expuso también las oscuras tramas en los tribunales locales.
Tras un bochornoso primer rechazo in limine, la Suprema Corte provincial debió intervenir para revocar aquel atropello y ordenar una nueva integración del tribunal. En este fallo definitivo resultó evidente el escandaloso voto en minoría del juez Diego Rosa —quien era secretario del juzgado durante aquella primera sentencia—. Desoyendo el espíritu protectorio del máximo tribunal, Rosa ensayó argumentos insostenibles para minimizar la militancia gremial del trabajador y defender la postura municipal.
Afortunadamente, la cordura primó de la mano de los jueces Rodríguez Ponte y Stolarczyk, quienes desarticularon magistralmente la falsa fachada disciplinaria del Municipio y sentaron un precedente ineludible: los derechos laborales no se negocian en las mesas del poder de turno.
Como cierre, la contundencia de esta sentencia no solo restablece derechos vulnerados, sino que deja un saldo económico ruinoso producto exclusivo de la ilegalidad del Ejecutivo local. Al declarar la ineficacia del despido, la Justicia condenó al Municipio de Florencio Varela a pagar la totalidad de los salarios caídos del trabajador, con sus respectivas actualizaciones e intereses, además de cargar con las costas de todo el proceso judicial. Este caprichoso y arbitrario accionar persecutorio le costará a las arcas públicas —y, en definitiva, a todos los ciudadanos varelenses— una suma que superaría ampliamente los 50 millones de pesos.
INFOGREMIALES
