Tras una serie de allanamientos en el sur de la provincia de Salta, fueron rescatados, en las últimas horas, al menos 66 peones rurales (reclutados entre la comunidad wichi) que fueron llevados a esa provincia desde Formosa para trabajar en fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación.
Las empresas en la mira de la Justicia por este brutal caso de explotación son la contratista Padilla Citrus, propiedad del empresario Pablo Padilla y Dynamic Agroservices, ambas con sede legal en San Miguel de Tucumán.
Este nuevo caso de trata y explotación inhumana fue descubierto tras una denuncia que lograron hacer trascender los propios trabajadores confinados en las producciones que reclamaron ante las autoridades por demoras en los pagos de los jornales, trabajo a destajo y pésimas condiciones habitacionales.
A partir de una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta se pudo echar luz sobre este caso tras dos operativos relámpago y simultáneos. Uno en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa. El otro operativo fue en un edificio en construcción en la localidad de Metán, que habría sido usado como “hotel”; allí unos 45 trabajadores “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, según informó la Policía de Salta.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia señalaron que “estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones”. A partir del “rescate” se detuvo a una persona sindicada como responsable de la finca y se abrió una causa en el fuero federal. En los operativos también participó personal de la AFIP.
Según confirmaron diversos medios salteños, detrás de este caso de trata hay dos firmas. Una es Dynamic Agroservices, cuya sede legal está San Miguel de Tucumán y se dedica a “servicios de contratistas de mano de obra agrícola”. La otra es Padilla Citrus, que también figura con domicilio legal en Tucumán y cuyo dueño es Pablo Padilla, quien cuenta con fincas en ambas provincias y también oficinas en Europa y en el sudeste asiático.
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