A ocho meses del veto presidencial que dinamitó el consenso alcanzado el año pasado, la Cámara de Diputados vuelve a poner en marcha el debate por el financiamiento de las universidades públicas. En un nuevo capítulo de la pulseada entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, este martes el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un proyecto de ley para garantizar recursos actualizados y sostenidos para el sistema universitario. La iniciativa fue acompañada por gremios docentes, organizaciones estudiantiles y escuchada por diputados de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. El texto se suma a otros cinco proyectos ya presentados por legisladores del peronismo, la izquierda y sectores del radicalismo no alineados con el oficialismo. La Cámara baja se prepara ahora para emplazar el debate en comisión durante la próxima sesión, con el objetivo de llevarlo al recinto en las últimas semanas de junio. El tratamiento podría coincidir con una nueva Marcha Federal Educativa, que ya se empieza a gestar en distintas universidades del país. En un déjà vu, Guillermo Francos advirtió días atrás: “Norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos, el Gobierno la va vetar”.

La presentación del proyecto coincidió con una jornada atravesada por una múltiple conflictividad social. A la tradicional marcha de los jubilados de los miércoles se sumó una protesta de científicos del CONICET contra el vaciamiento del sistema de ciencia y tecnología. La jornada terminó con una violenta represión frente al Congreso, donde jubilados y trabajadores de prensa fueron alcanzados por los gases lanzados por las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich.

La nueva propuesta legislativa que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó busca garantizar por ley el financiamiento adecuado, sostenido y actualizado de las universidades públicas nacionales. Condensado en doce artículos, el proyecto establece una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal, fija metas de incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031 y crea un fondo especial para el desarrollo de carreras estratégicas. La iniciativa también contempla convocatorias regulares a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes, y refuerza el sostenimiento de programas de becas y bienestar estudiantil con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la graduación como parte del derecho universal a la educación superior y del reconocimiento de la universidad como bien público.

“Es una propuesta responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria, que es el Congreso de la Nación. Y es razonable porque plantea una solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado”, explicó durante su exposición Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del CIN. El Consejo alertó además que la situación salarial en el sector es insostenible: más del 70% de los trabajadores universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. A eso se suma que el presupuesto asignado para el año 2025 representa apenas el 50% de lo necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades, lo que ya provocó una reducción significativa de las actividades académicas, de investigación y de extensión. Además la ausencia de paritarias nacionales para los sectores docentes y no docentes en los últimos meses deterioró el poder adquisitivo de los salarios, profundizando el vaciamiento del sistema universitario y poniendo en riesgo la calidad educativa si esta situación persiste.

La hoja de ruta

Los diputados esperan que el proyecto del CIN ingrese formalmente por mesa de entradas en las próximas horas. La intención es aprovechar la sesión del miércoles 4 de junio para emplazar esta iniciativa, junto con las otras vinculadas al presupuesto universitario, a las comisiones de Educación y de Presupuesto. El objetivo político es claro: forzar al presidente de esas comisiones, José Luis Espert, a habilitar el debate. De conseguirlo, los bloques que impulsan la discusión ya definieron un cronograma: discutir los proyectos en dos jornadas consecutivas, el 10 de junio con la participación de especialistas y representantes del sector, y el 11 con el objetivo de firmar dictamen. Si logran ese paso, quedarían en condiciones de llevar el tema al recinto. El martes los bloques UxP, DPS, EF y la CC convocaron la sesión de la semana próxima. Según explicaron a este diario la idea es ir al recinto con un temario corto que incluye las emergencias climáticas, la emergencia en discapacidad y los proyectos previsionales. La estrategia elaborada por los secretarios parlamentarios de esos bloques deja de lado los temas álgidos para facilitar el quórum.

Sobre la fecha de la votación en el pleno de la Cámara, los gremios universitarios prefieren que se realice durante la semana del 18, aunque esa semana contiene dos feriados. Según explicó el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón a este diario, lo ideal sería sesionar el miercoles 25 de junio. Según las conversaciones que los dirigentes estudiantiles y gremiales mantuvieron con los diputados, habrá una nueva convocatoria a las calles.

Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) adelantó; “Nosotros como hicimos el año pasado, vamos a llamar a movilizar. No porque consideremos que la salida va a venir de un proyecto o de una ley. Ya vivimos esa experiencia el año pasado, en el cual vimos cómo el presidente, que dijo que iba a vetar, efectivamente vetó, y el Parlamento dio lugar a ese veto. Con lo cual no depositamos muchas expectativas en esto. Es una herramienta más para la lucha. Pero de lo que estamos seguros es que, con o sin proyecto, lo que es indispensable es la movilización.”