(Por Eduardo Porto @periferiacts) El Poder Ejecutivo prepara un DNU para tener mayor control sobre las investigaciones del organismo científico. Sin embargo, desde el CONICET señalan que la estructura del organismo está amparada en una ley de emergencia que requiere de otra ley del Congreso para que sea modificado.
En el despacho de Federico Sturzenegger, el gobierno de Javier Milei prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reformar la estructura del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para tener mayor control sobre la gobernanza del máximo organismo de ciencia, para «provincializar» sus producciones científicas y para monitorear con mayor presión qué se investiga.
Sin embargo, las reformas que pretende el Poder Ejecutivo, sólo pueden llevarse adelante a través de una ley del Congreso, según le explicó al autor de esta nota una alta fuente del organismo científico.
«La estructura del CONICET, del Directorio y su gobernanza, están definidas por el decreto 1661/96. El decreto se dictó al amparo de una ley de emergencia económica por lo cual, tiene fuerza de ley«, explicaron a este medio.
Es decir, que podría afirmarse que lo que definió la estructura del organismo científico es un «decreto-ley«. En ese sentido, para modificarlo no alcanza un DNU, que es el camino que toma el gobierno de Javier Milei para darle celeradidad a los cambios que pretende en el máximo organismo de ciencia.
«A menos que haya facultades extraordinarias delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, el DNU no es válido para lo que pretende el gobierno nacional«, explicaron.
«Las facultades delegadas por la Ley de Bases se extinguieron el 9/7/2025. Hoy la modificación solo podría hacerse por ley del Congreso», concluyó la fuente consultada por este medio.
El plan del gobierno, vía DNU
El Gobierno nacional avanza con un plan para reformar el Conicet mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia con el que pretende modificar la forma en que se asignan fondos y se eligen proyectos de investigación.
La iniciativa, que se trabajó antes de las elecciones de octubre, apunta a centralizar decisiones en las universidades y alinear los estudios con intereses productivos provinciales. Sin embargo, por la estrategia elegida, el gobierno se expone a amparos judiciales que pueden frenar sus objetivos de controlar las investigaciones del organismo.
Según fuentes oficiales, la intención es “reordenar los incentivos de las investigaciones” y diseñar un esquema que combine autonomía regional con procesos más concentrados en las instituciones educativas. La Casa Rosada busca que “cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la región”, con énfasis en energía, minería y producción local.
¿Se viene una lluvia de amparos contra el DNU libertario anti-CONICET?
En el Gabinete dicen que quieren que la investigación científica «tenga impacto directo en la modernización de la producción nacional». Para eso, los equipos técnicos sostienen que la reforma permitirá descentralizar la identificación, selección y priorización de proyectos, pero con una mirada estricta sobre la demanda productiva. En concreto, lo que buscan es controlar lo que se investiga desde el organismo.
Pero claro, el conocimiento del gobierno nacional sobre el organismo científico es tan escaso que no conoce como está estructurado y cual es la ingenieria legislativa que lo ampara de pretensiones unipersonales provenientes del Poder Ejecutivo. Así, es esperable que haya una lluvia de amparos para frenar las pretensiones autoritarias del gobierno libertario.
En esa lógica, en Balcarce 50 trazan un límite a los estudios que no encajan en ese esquema. “Lo que buscamos evitar es que en Catamarca se pongan a investigar sobre las fantasías de Batman”, señalan en tono irónico, como ejemplo de lo que consideran uso ineficiente de recursos.
Desde la Casa Rosada confirman que los borradores del DNU pasaron por los equipos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. “Solo falta definir cuándo sale”, admiten fuentes oficiales.
La estructura del CONICET
Hoy el Conicet cuenta con 26.781 trabajadores, entre ellos 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2.800 técnicos y 1.400 administrativos, y maneja un presupuesto de 580 mil millones de pesos. La estructura integra 17 Centros Científico Tecnológicos, 7 Centros de Investigaciones y Transferencia, un centro multidisciplinario y más de 300 institutos de doble o triple dependencia con universidades.
En la conducción, el organismo se organiza alrededor de un directorio de ocho miembros más un presidente, Daniel Salamone, designado por el Gobierno. Los directores surgen de ternas propuestas por investigadores, universidades, cámaras industriales, representantes del agro y el sistema científico provincial, con mandatos de cuatro años y renovación parcial cada dos.
Si bien el Ejecutivo postergó una reforma más profunda con recortes de departamentos, ahora apunta a cambiar los procesos de ingreso y promoción dentro del organismo. La idea que circula en los despachos oficiales es priorizar perfiles técnicos vinculados a energía, minería y salud, mientras se relega a un segundo plano a las ciencias sociales y las humanidades.
En el sistema científico ya se encienden alarmas. Los críticos sostienen que un giro tan fuerte hacia la lógica productiva puede reducir la diversidad de líneas de investigación y golpear campos que estudian la democracia, la desigualdad, la educación o la cultura, ámbitos que no siempre se traducen en indicadores económicos rápidos.
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