Productores y especialistas en cannabis alertaron que las reglas del Gobierno obstaculizan registrar semillas y renovar permisos, lo que podría frenar el desarrollo del cannabis medicinal en el país.
Desde distintos sectores vinculados al desarrollo del cannabis medicinal en Argentina, crecen las denuncias por el estancamiento de la cadena formal de producción, en medio de un entramado normativo que impide avanzar con el registro de semillas, la habilitación de operadores y la renovación de permisos. Expertos advierten que esta situación pone en riesgo un sector estratégico para la innovación agrobiotecnológica, la calidad farmacéutica y las exportaciones de alto valor.
El ingeniero agrónomo y docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, Eduardo Musacchio, explicó a Tiempo Argentino que desde principios de 2024 el sector enfrenta múltiples trabas regulatorias. Uno de los principales conflictos se originó cuando el Instituto Nacional de Semillas (INASE) comenzó a exigir un aval técnico del Ministerio de Salud para cada nueva variedad de cannabis medicinal, en cumplimiento de la Resolución Conjunta 5/2021. Sin embargo, las solicitudes no son respondidas por la cartera sanitaria, lo que bloquea los trámites de inscripción.
A esta situación se sumó la Resolución 81/2024 del INASE, que suspendió por tiempo indeterminado el ingreso de nuevos operadores al Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, incluso cuando la demanda de genéticas certificadas aumenta por parte de usuarios autorizados por Reprocann. Además, desde marzo de 2025 se exige a los criaderos una licencia de ARICCAME para renovar sus permisos anuales, pero la agencia solo regula el cáñamo industrial, dejando fuera al cannabis medicinal, que domina la producción nacional.
Musacchio alertó que los criaderos enfrentan un requisito imposible de cumplir, ya que se les solicita una licencia que la autoridad regulatoria no contempla. La situación se agravó con la intervención de ARICCAME por decreto presidencial, lo que paralizó aún más su operatividad. Como consecuencia, decenas de proyectos quedaron sin cobertura legal, muchos de ellos impulsados por asociaciones civiles y cooperativas que ahora evalúan retirarse del circuito formal o volcarse a mercados informales sin trazabilidad.
El especialista advirtió que esta falta de coordinación entre los organismos estatales impide el cumplimiento simultáneo de las leyes que regulan la actividad, generando un círculo vicioso que asfixia a la industria. “Si no se reactivan los avales sanitarios, se flexibilizan las restricciones del INASE y ARICCAME amplía su alcance al cannabis medicinal, Argentina podría perder una oportunidad única de desarrollo productivo y tecnológico”, concluyó.
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