Tierra del Fuego se encuentra en una grave crisis social por la decisión del Gobierno de reducir los aranceles a productos electrónicos de importación. Ante el reclamo de la UOM y el gobierno provincial de diálogo, el Ministerio de Seguridad enviará fuerzas federales para reprimir protestas.
Mientras el fotógrafo Pablo Grillo continúa en terapia intensiva tras una de las brutales represiones semanales en CABA y en un clima de creciente tensión social en el sur del país, el Gobierno Nacional anunció la creación del Comando Unificado Tierra del Fuego, una iniciativa que integrará a las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería y Prefectura— con el objetivo de coordinar controles, operativos y aplicar los protocolos antipiquete y antibloqueo. La medida llega en medio de un paro general en las empresas metalúrgicas y de una convocatoria a huelga para el próximo miércoles 21, en protesta por la eliminación de los aranceles a productos electrónicos importados.
La decisión generó preocupación en distintos sectores sindicales, sociales y políticos de la provincia, ya que anticipa una posible respuesta represiva del Estado ante eventuales manifestaciones o cortes en la Ruta Nacional Nº3. La eliminación de los beneficios del subrégimen de promoción industrial afecta directamente a más de 9.500 puestos de trabajo, impactando de lleno en la economía local.
“El Comando Unificado coordinará acciones entre las fuerzas federales para intervenir en situaciones de conflicto social”, informaron desde el Gobierno.
La medida es la respuesta del Ejecutivo nacional ante la creciente conflictividad en la provincia más austral del país, donde la industria electrónica representa un pilar clave de la economía regional. La eliminación de los aranceles —parte del paquete de desregulación económica impulsado por la gestión libertaria— podría desencadenar una ola de despidos y cierre de fábricas, lo que ya generó la paralización de actividades en varias plantas.
Desde distintos sectores se denuncia que la creación del Comando Unificado y la implementación de estos protocolos no buscan garantizar la seguridad sino acallar la protesta social mediante el uso de fuerzas federales. “Se está preparando el terreno para la represión en lugar de abrir canales de diálogo”, advirtieron desde gremios locales.
El escenario que se plantea en Tierra del Fuego podría convertirse en un caso testigo de cómo el Gobierno nacional maneja los conflictos sociales en el marco de su plan de ajuste estructural. La provincia, que ya enfrenta serias dificultades laborales y económicas, se prepara para días de movilización y resistencia.
INFOGREMIALES
