El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó el proyecto oficial por considerarlo regresivo y basado en diagnósticos falsos, advirtió sobre presiones a los gobernadores para garantizar su aprobación y llamó a movilizarse de forma anticipada para frenar una reforma que, según afirmó, profundizará la precarización laboral.
El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que la iniciativa no solo no resolverá los problemas del empleo en la Argentina, sino que profundizará la precarización y el deterioro de los derechos laborales. En ese sentido, en diálogo con Futurock, consideró que el debate público sobre el contenido del proyecto sigue siendo insuficiente y reclamó una mayor tarea de información y concientización sobre el texto.
Tomada valoró que sectores del empresariado hayan comenzado a expresar reparos frente a la reforma, en referencia a la reciente postura de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si bien consideró que esa crítica “se queda corta”, sostuvo que es un paso relevante para que otras cámaras empresariales adopten posiciones similares y expongan los riesgos del proyecto oficial.
Según el exfuncionario, la reforma se apoya en diagnósticos erróneos y en una idea distorsionada de modernización. “No hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores”, afirmó, y agregó que se trata de un conjunto de normas que “retrotraen a la Argentina a principios del siglo XX”. En esa línea, rechazó el argumento de que la eliminación o flexibilización de derechos sea necesaria para incorporar tecnología o mejorar la productividad.
Tomada también cuestionó el discurso instalado desde hace décadas contra el sindicalismo y los convenios colectivos. A su entender, desde la irrupción del neoliberalismo se construyó una narrativa que responsabiliza a los derechos laborales de los problemas económicos. “Durante años se le lavó la cabeza a la gente y hoy llegamos al absurdo de escuchar que el pan aumenta porque no se hizo la reforma laboral”, ironizó.
En el plano político, el exministro alertó sobre las presiones del Gobierno nacional hacia los gobernadores para garantizar la aprobación de la ley en el Congreso. “Estamos cada vez más cerca de una segunda Banelco”, afirmó, y sostuvo que la extorsión forma parte del método de construcción de poder de la actual administración.
En ese marco, propuso orientar las protestas hacia las provincias, para exigir que los mandatarios dejen de condicionar a sus legisladores: «Tenemos que volver a movilizarnos, pero dejemos tranquilas a la Plaza de Mayo y a la del Congreso. Hay que ir a movilizarnos para que los gobernadores dejen de presionar a sus legisladores a cambio de beneficios del Gobierno nacional».
Finalmente, Tomada llamó a retomar la movilización social de manera inmediata y sostenida. “Tenemos que tomar la calle desde ahora para informar a la gente que esto es un retroceso del que va a costar mucho salir”, advirtió, y subrayó la necesidad de frenar una reforma que, a su juicio, profundiza la desigualdad y debilita el entramado laboral argentino.
¿Qué fue la Ley Banelco?
La «Ley Banelco» fue una ley de reforma laboral aprobada en Argentina en abril de 2000, durante la presidencia del radical Fernando de la Rúa. La ley recibió este nombre debido a las acusaciones de corrupción que se hicieron sobre el gobierno nacional, de pagar sobornos a senadores para que votaran a favor de la ley. Fue Hugo Moyano quien aseguró a la prensa que en una reunión previa le recordó al ministro de Trabajo de entonces, Alberto Flamarique, que la Alianza tenía minoría en la Cámara Alta y éste le habría respondido: «Para los senadores tengo la Banelco».
La ley finalmente se aprobó e introdujo una serie de cambios en la legislación laboral argentina:
- La extensión del período de prueba de 1 a 6 meses, con opción de renovación.
- La eliminación por dos años de los convenios de ultraactividad anteriores a 1975.
- La posibilidad de habilitar convenios por empresa, en lugar de por rama o actividad.
- La creación del Servicio Federal de Mediación y Arbitraje.
Su aprobación marcó el principio del fin del gobierno de la Alianza, porque tras los escándalos de corrupción, renunció el entonces vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez. Recién pudo ser derogada en 2004 y algunos cambios nunca volvieron atrás.
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