Se trata de una acción conjunta con organismos de derechos humanos de Salta. El secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, acompañó la presentación de un hábeas corpus preventivo colectivo contra la implementación de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, mediante la cual el Gobierno Nacional busca desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior en la frontera norte del país.
La medida judicial, presentada ante el Juzgado Federal de Orán, solicita que se prohíba el accionar de las fuerzas armadas en tareas que incluyen la detención de civiles, alertando sobre su inconstitucionalidad y los gravísimos riesgos que representa para la población. La acción legal fue patrocinada por el abogado Martín Plaza, con el respaldo de diversas organizaciones de derechos humanos y del Comité Contra la Tortura de Salta.
«Este plan de militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se avanza con mecanismos propios de gobiernos represivos bajo la excusa del combate al narcotráfico», señaló el titular de ATE Capital Daniel «Tano» Catalano.
La presentación judicial cuestiona los decretos 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/35 del Ministerio de Defensa, que permiten la actuación de las Fuerzas Armadas en zonas de frontera. Particular preocupación genera el carácter secreto de las llamadas “Reglas de Empeñamiento”, que definen cómo intervendrán los militares sin control civil ni transparencia institucional.
«El nuevo marco jurídico pretende legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para la represión de población civil, en zonas inhóspitas, sin regulación clara, con objetivos reservados, sin mecanismos de rendición de cuentas, ni límites definidos», explica el escrito judicial.
Para Catalano, «estamos frente a una reedición de las peores recetas del pasado. La represión en la frontera no es una solución a los problemas sociales. Es una provocación que puede terminar en tragedia».
Exigen, además, la inmediata desclasificación de las Reglas de Empeñamiento y apuntan que «la intervención militar no contribuye a combatir el narcotráfico, sino que incrementa la violencia institucional, como ya lo demuestran los casos recientes de Fernando Gómez y Rodrigo Torres, asesinados en operativos de Gendarmería en la frontera norte».
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