A casi quince años del crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, comenzó el juicio que investiga un presunto pago de 50 mil dólares en sobornos para garantizar la impunidad del sindicalista ferroviario José Pedraza y otros responsables.
A casi quince años del crimen de Mariano Ferreyra, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y militante del Partido Obrero, comenzó el juicio que investiga un presunto plan de sobornos y maniobras de corrupción destinado a garantizar la impunidad de los responsables del asesinato.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, denunció que durante la investigación inicial se intentó direccionar el expediente hacia la Sala III de Casación Penal, con el fin de favorecer al entonces líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza. Según el organismo, la maniobra involucró a integrantes del gremio ferroviario, un exagente de inteligencia, un estudio jurídico vinculado a un exjuez federal, empleados judiciales y magistrados de Casación. El monto de los sobornos habría alcanzado los 50 mil dólares.
El 20 de octubre de 2010, un grupo de ferroviarios tercerizados y militantes de distintas organizaciones sociales realizaba una protesta en Avellaneda para exigir la reincorporación y el pase a planta permanente. La marcha fue atacada por miembros de la UF, acompañados por barras de fútbol, mientras la Policía Bonaerense reprimía a los manifestantes y la Policía Federal permanecía junto al grupo agresor. En medio de los enfrentamientos, una bala impactó en el abdomen de Ferreyra, de 23 años, provocándole la muerte. Tras el hecho, las armas utilizadas fueron ocultadas por integrantes del sindicato.
En 2013, el Tribunal Oral Criminal N.º 21 condenó a 14 personas por el asesinato: Pedraza y Juan Carlos Fernández recibieron 15 años de prisión como instigadores; Cristian Favale y Gabriel Sánchez fueron sentenciados a 18 años como autores materiales, mientras que otros dirigentes y participantes recibieron penas de entre 2 y 11 años.
El juicio actual busca esclarecer las responsabilidades en el intento de encubrir a los responsables mediante sobornos. Desde el CELS señalaron que este proceso se da en un contexto en el que “las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano”. La próxima audiencia está prevista para el 2 de septiembre.
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