El dirigente aceitero Daniel Yofra reclama una huelga por tiempo indeterminado contra la reforma laboral y, tras sus definiciones, 86 sindicatos de las tres centrales obreras avanzaron con un plan de lucha que incluye movilizaciones federales y un paro el día del debate en el Congreso.
Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, dio una entrevista a Página/12 en la que repasó la historia del movimiento obrero en dos puntos que se vuelven a encontrar en la misma lucha: “En 1887, los Mártires de Chicago fueron ejecutados por reclamar ‘ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para el ocio’. Un siglo después de esos crímenes, nosotros hacíamos todas las horas extras que podíamos y trabajábamos doce o catorce horas por día: vivíamos adentro de la planta para poder sobrevivir afuera”, recordó. Así era la vida de los aceiteros antes de que lograran organizarse como lo hacen hasta hoy.
Desde ese lugar, Yofra viene reclamando que las centrales obreras asuman un rol más activo frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. En la reciente reunión de 25 sindicatos realizada en la UOM el miércoles 21, el debate giró en torno a la necesidad de una respuesta contundente y coordinada. “El factor común de todas las propuestas que hubo fue ir a la huelga”, explicó sobre el clima de aquel encuentro.
Las críticas provenientes de sectores de la conducción cegetista no tardaron en aparecer, pero el dirigente aceitero las relativizó y defendió la convocatoria amplia. “Queremos que la CGT entienda que tiene que ponerse esta situación al hombro y salir a enfrentar a un gobierno que vino a declararnos la guerra”, sostuvo, al cuestionar la pasividad frente al avance oficial.
Desde el sindicato de Aceiteros, la propuesta es clara y sin ambigüedades: una medida de fuerza sostenida en el tiempo. “Nosotros haríamos una huelga por tiempo indeterminado”, afirmó Yofra, al considerar que no existen márgenes para el diálogo en el actual contexto económico y político.
El dirigente también rechazó la idea de que un paro aislado pueda frenar una reforma de carácter regresivo. “Con un día de paro no se va a conseguir”, señaló, y recordó que fue la decisión de luchar lo que permitió revertir décadas de salarios bajos en empresas históricamente rentables del complejo agroexportador.
Consultado por la escasa reacción social frente al ajuste, Yofra apuntó tanto al rol del Estado como a la responsabilidad del propio movimiento obrero. “No podemos esperar a que los movimientos sociales siempre sean la punta de lanza de la clase trabajadora”, advirtió, al reclamar mayor protagonismo de sindicatos y centrales.
En relación con las negociaciones entre el gobierno nacional y los gobernadores, el titular de Aceiteros fue categórico. “Tenemos que hacerle pagar el costo a aquellos gobernadores que acepten esta ley así tal cual está”, afirmó, al denunciar que se pretende avanzar sobre derechos laborales a cambio de recursos políticos.
Al analizar el contenido del proyecto, Yofra cuestionó especialmente los cambios en materia de negociación colectiva y derecho a huelga. “Perdemos la libertad de estar organizados sindicalmente, como lo establece el 14 bis de la Constitución”, alertó, al enumerar una serie de modificaciones que, según su mirada, buscan debilitar al movimiento obrero.
La posibilidad de diálogo con el gobierno, en ese marco, aparece prácticamente clausurada. “Ese es el diálogo que ellos pretenden”, sostuvo, al recordar el magro aumento por decreto del salario mínimo dispuesto el año pasado.
Finalmente, el dirigente insistió en que la CGT debe asumir un rol protagónico frente al escenario actual. “Queremos que haya un paro nacional”, afirmó, al remarcar que solo una medida de alcance general podría involucrar incluso a los gremios más reticentes.
Yofra asistió esta semana a una nueva convocatoria, cuando el metalúrgico Abel Furlán reunió a ya 86 sindicatos de las tres centrales obreras y lanzó un plan de lucha contra la reforma laboral. En ese encuentro se resolvió movilizar el 5 de febrero en Córdoba y el 10 en Rosario, además de impulsar un paro y una movilización el día que la norma se trate en el Congreso, bajo la consigna de que “los derechos conquistados por el movimiento obrero no pueden ser moneda de cambio”.
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