Lo hizo la diputada nacional Marcela Paso. Acusó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de reinstalar la desregulación de la Marina Mercante que se encontraba en el Decreto 340 rechazado por el Poder Ejecutivo.
«Expresar repudio a la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) publicada en el Boletín Oficial el 9 de septiembre de 2025, en donde se pretende restituir solapadamente la vigencia de los efectos negativos del Decreto 340/25 recientemente rechazado por el Poder Legislativo». Con esta contundente frase, la diputada nacional Marcela Paso, encabezó el proyecto de resolución con el que busca denunciar esta situación irregular.
Entre los fundamentos Paso, expresó que «la Resolución 41/25 modifica de manera sustancial el régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional (Decreto-Ley 19.492) y la Ley 27.419 de la Marina Mercante Nacional, sustituyendo el sistema de publicaciones y consultas previas por un mecanismo de simple declaración jurada que habilita la operación de buques extranjeros en tráficos reservados a embarcaciones de bandera argentina, ante la falta de disponibilidad. Esto genera profundas consecuencias negativas para la marina mercante y para toda la industria naval del país».
Según se señala en el medio Informe Marítimo, la legisladora efectuó un extenso recordatorio sobre los pasos que derivaron en el rechazo del Poder Legislativo del Decreto 340/25.
«La finalidad buscada en dicha resolución atenta contra la prioridad de la bandera argentina en el cabotaje nacional, impidiendo que los armadores nacionales puedan ofrecer sus servicios antes de autorizarse el ingreso de buques de bandera extranjeras, lo cual claramente vulnera el principio de preferencia de bandera argentina consagrado en la Ley de Cabotaje, cambiando los plazos de solicitud de excepción los cuales deberán ser presentados con al menos tres días hábiles antes del inicio de la operación».
Asimismo, destacó que «la eliminación de los controles para excepciones superiores a 30 días permitiría la permanencia indefinida de tripulaciones extranjeras en el tráfico de cabotaje. Los certificados de excepción tienen una vigencia de hasta 180 días desde su emisión, pudiendo solicitar prórrogas. Asimismo, los organismos estatales pueden solicitar la excepción a través de una comunicación oficial posterior a la adjudicación del contrato».
Marcela Paso reconoció que «tanto la actividad naviera nacional como la industria naval son pilares fundamentales de los intereses marítimos argentinos, y resultan claves para el desarrollo económico nacional mediante la generación de fletes y la ocupación de mano de obra, tanto a bordo de los buques como en la industria naval por sus conocidos efectos multiplicadores, capaces de producir ingresos por la exportación de bienes y servicios».
A juicio de Marcela Paso, «dado que el 95% del comercio argentino se realiza por vía acuática, resulta clave el sostenimiento de una flota de bandera tripulada con nacionales para brindar mínimamente los servicios indispensables que nuestra Nación requiere. Necesitamos una navegación que la realicen buques de bandera argentina, con tripulación argentina y con astilleros argentinos».
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