La iniciativa de aumento para docentes, impulsada por diputados de distintos bloques opositores, plantea declarar la Emergencia Salarial Educativa por cinco años, crear un complemento federal de hasta $119.473 por cargo y destinar $740.500 millones no ejecutados a obras escolares, en medio de fuertes críticas a la política educativa del gobierno de Javier Milei. Los impulsores remarcaron que la iniciativa “no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación”, sino que reasigna recursos existentes.
Un grupo de diputados nacionales de distintos espacios opositores presentó un proyecto para declarar la Emergencia Salarial Educativa por cinco años y otorgar un aumento de hasta $119.473 por cargo a docentes estatales de todo el país, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo perdido durante la gestión del presidente Javier Milei. Según los legisladores, los salarios docentes acumularon una caída del 19% en términos reales en los últimos dos años.
La iniciativa cuenta con el respaldo de referentes de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, entre otros bloques, quienes advierten que en 19 de las 24 jurisdicciones del país se registraron retrocesos salariales. Además, sostienen que la inversión educativa real cayó un 47,7% durante la actual gestión y que el presupuesto destinado al área se redujo al 0,82% del PBI en 2025, frente al 1,4% registrado en 2023, el nivel más bajo desde 2005.
Entre los fundamentos del proyecto, los diputados cuestionan la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al que califican como “un componente clave del salario que complementaba los ingresos docentes en todo el país”, así como la falta de convocatoria a una paritaria nacional y el veto a leyes de financiamiento educativo. “El ajuste educativo no sólo lo sufre el sistema universitario, la educación obligatoria lo sufre con igual virulencia”, señalaron.
También plantearon una contradicción entre el discurso oficial y las políticas implementadas. Recordaron que el Poder Ejecutivo declaró la educación como “servicio esencial” mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pero al mismo tiempo avanzó con recortes presupuestarios. “Declarar la educación como prioritaria en los papeles pero desfinanciarla en los hechos, eliminando el FONID y paralizando las paritarias, revela que la ‘esencialidad’ es utilizada apenas como una herramienta de control y no como un compromiso real con la calidad educativa o la dignidad de quienes sostienen las aulas”, afirmaron.
El proyecto establece la creación de un Complemento Federal mensual de $52.269 para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal, y una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes trabajen en escuelas de alta vulnerabilidad. El financiamiento provendría del 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Se trata de una mejora concreta que impacta de manera directa en el bolsillo de quienes están en el aula”, sostienen los autores, y aseguran que el mecanismo será “claro, transparente y automático”, con el objetivo de evitar la discrecionalidad en la distribución de los ATN.
La propuesta también contempla la utilización de $740.500 millones correspondientes a recursos del ATN de 2025 que no fueron ejecutados. El 75% se destinaría a obras y mantenimiento en escuelas de nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal, y el 25% restante a establecimientos de educación técnica secundaria.
“Es una inversión clave para sostener a 44.460 escuelas, 7.458.411 estudiantes y 916.674 trabajadores de la educación que hoy se ven afectados por el recorte”, señalaron los impulsores, quienes remarcaron que la iniciativa “no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación”, sino que reasigna recursos existentes.
El proyecto lleva la firma de más de veinte diputados de distintas provincias y bloques parlamentarios, en una señal de articulación opositora frente a la política educativa del Gobierno nacional.
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