El Gobierno dio de baja a dos obras sociales por irregularidades: Ya son cinco las eliminadas en los últimos días

La medida alcanza a las obras sociales del Personal Municipal de Avellaneda y del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín, tras detectarse incumplimientos sostenidos derivados de la merma de afiliados, el aumento de los precios de los insumos, deudas por fallos judiciales y más. El Ejecutivo aseguró que garantizará la continuidad de la cobertura médica para los afiliados con prestaciones similares.

 

El Gobierno decidió eliminar del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales por presentar graves irregularidades. La medida fue oficializada este lunes mediante las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial, y lleva la firma de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Las entidades afectadas son la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín, ambas declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Según el organismo, a pesar de los reiterados pedidos de subsanación de irregularidades, las administraciones no presentaron la documentación e información exigida, lo que motivó su exclusión definitiva del registro nacional.

Con estas bajas, ya son cinco las obras sociales eliminadas del RNAS en los últimos días. La semana pasada se dio de baja a la Obra Social del Personal Aduanero y se iniciaron trámites similares para las obras sociales del Personal de la Industria Botonera y del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Desde la Superintendencia explicaron que estas decisiones se basan en un análisis integral de la situación institucional y prestacional de las entidades, llevado a cabo por equipos técnicos del organismo, en el marco de auditorías profundas iniciadas desde el comienzo de la actual gestión.

Las causas más comunes que derivaron en estas medidas incluyen la merma de beneficiarios, lo que implica una reducción en los aportes y contribuciones, el aumento del costo de insumos médicos, deudas derivadas de fallos judiciales, y dificultades para contratar prestadores.

El Gobierno aclaró que los beneficiarios afectados mantienen garantizada la cobertura médica. Pueden optar por trasladarse a otra obra social o, en caso de no hacerlo, será la Superintendencia la que asigne una cobertura de similares características.

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