La Resolución 1284/2025 publicada en el Boletín Oficial dio inicio al proceso de privatización de la empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. En un plazo de doce meses se transferirá la gestión a operadores privados y se procederá a la disolución de la compañía.
El Ministerio de Economía oficializó este lunes el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que gestiona más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1284/2025, establece un plazo de doce meses para transferir la operación de los corredores a privados y avanzar en la disolución de la compañía.
La decisión se enmarca en la aplicación de la Ley Bases (27.742), que declaró a la empresa sujeta a privatización, y en la reglamentación de los decretos 695/2024 y 97/2025. El proceso será coordinado por el Ministerio de Economía con la participación de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
El objetivo central es extinguir los contratos de concesión vigentes, reasignar la operación de los tramos viales a nuevos operadores privados y posteriormente liquidar Corredores Viales. La Secretaría de Transporte deberá elaborar un inventario de los bienes a reintegrar al Estado, proponer la nueva configuración de los corredores, relevar el estado de rutas y obras de infraestructura y tramitar la rescisión de contratos no prioritarios.
Todo el procedimiento licitatorio se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR, según lo dispuesto por el decreto 416/2025.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar la privatización. Entre sus tareas se incluyen la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a los peajes y la tasación de los bienes de la empresa, a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo del sector público.
Corredores Viales contaba al cierre de junio con 3.307 empleados. Según datos oficiales, la empresa que había sido calificada por el Gobierno como ineficiente y deficitaria, cerró el primer semestre del año con un superávit financiero de 5.200 millones de pesos, sin necesidad de asistencia del Tesoro. La decisión del Gobierno impacta directamente en la gestión de la red vial nacional y forma parte de una política más amplia de reducción y reestructuración del sector público, que incluye privatizaciones, liquidaciones y fusiones de empresas estatales.
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