Federico Ledesma, de AEFIP, alertó que el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal presentado por el Gobierno debilita los controles tributarios, beneficia a los evasores y pone en riesgo la lucha contra el lavado de dinero, en un intento de “consagrar la evasión como norma”.
El anuncio del Gobierno nacional sobre el envío al Congreso del proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal encendió las alarmas en el ámbito tributario. Para la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), región Capital, la iniciativa representa un “blanqueo encubierto” que debilita el sistema de control fiscal, estimula la evasión y otorga poder discrecional a las autoridades tributarias.
“Acá lo único que cambia es que desarman las matrices de riesgo del fisco para darle más poder discrecional al funcionario de turno, que ahora tiene un dedo más grande para seleccionar a quién fiscaliza”, afirmó con dureza Federico Ledesma, secretario de Asuntos Sindicales de AEFIP, en diálogo con Página/12.
El proyecto fue presentado en una conferencia de prensa protagonizada por el diputado José Luis Espert, en clave electoral y con un claro enfoque hacia la provincia de Buenos Aires. Ledesma cuestionó especialmente la eliminación del régimen de información de escribanos, herramienta clave para el control de operaciones inmobiliarias, y recordó que el propio GAFI advirtió en 2024 sobre la importancia de estos profesionales en la lucha contra el lavado de dinero.
“El lavado del narco es sobre todo por la compra de inmuebles o autos de alta gama”, subrayó, aludiendo a los riesgos que implica debilitar los controles en esos sectores.
Desde AEFIP consideran que la propuesta del Ejecutivo no solo relaja los mecanismos de fiscalización, sino que además intenta consagrar la evasión como norma, en un contexto de grave crisis fiscal. “Argentina tiene una evasión del 35 por ciento en IVA y del 50 por ciento en Ganancias. Estas acciones del Gobierno no hacen más que complicar la situación porque tratan de estúpidos a los contribuyentes y benefician a quienes no cumplen la ley”, denunció Ledesma.
El sindicalista también advirtió sobre la falsa promesa de impunidad que encierra el nuevo régimen: “Tendremos menos información y los procesos automatizados tendrán menos input para seleccionar casos, pero las facultades y obligaciones están intactas para ARCA y los contribuyentes. Acá nadie puede después decir que no sabía”.
El proyecto modifica los umbrales de evasión, elevando los montos a partir de los cuales se considera delito: de 1,5 millones a más de 100 millones de pesos para la evasión simple, y de 15 millones a 1.000 millones en el caso agravado. También se reducen los plazos de prescripción para determinar tributos, pasando de cinco a tres años si se presentó la declaración jurada.
Además, se establece un “blindaje” a quienes ingresen al nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, eximiéndolos de informar su patrimonio y asegurando, según Espert y el titular de ARCA, Juan Pazo, que “ninguna administración futura podrá perseguirlos”.
Para Ledesma, lejos de modernizar el sistema, el Gobierno está construyendo un marco para legitimar el incumplimiento: “Convierte en norma lo que antes era delito. Consolida un discurso peligroso: que no pagar impuestos está bien, que los evasores tienen derecho y que los que cumplen son tontos”.
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