El SUTPA, gremio que representa a los trabajadores de peajes, denunció «las prácticas antisindicales que la empresa estatal Corredores Viales S.A. viene profundizando en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras». La firma se niega a cumplir con el fallo judicial que ordena la reincorporación de 117 trabajadores despedidos. Además aseguran que la vacían para «rematarla».
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) volvió a denunciar el accionar de Corredores Viales, empresa manejada por los libertarios con la que buscan enviar un mensaje de disciplinamiento a todo el mundo del trabajo.
«A pesar de las cartas documento enviadas, la empresa persiste en un accionar coactivo cuyo único objetivo es quitar derechos, fragmentar la organización y generar incertidumbre sobre la continuidad laboral», señalaron desde la organización que lidera Florencia Cañabate.
«La persecución iniciada el 11 de abril con los 117 compañeros despedidos en el contexto de una huelga legítima se enmarca en una conducta sistemática que vulnera derechos y busca quebrar la unidad«, explican.
Y agregan: «La empresa sigue adoptado medidas que afectan directamente a los trabajadores y a la seguridad vial: la suspensión del servicio de transporte para quienes viven a más de 40 o 50 kilómetros de su lugar de trabajo, en zonas rurales o de riesgo donde no funciona el transporte público, el intento de eliminar el servicio de grúas, fundamental para la asistencia en las rutas, y el desmantelamiento de módulos de seguridad vial y bases operativas ubicadas estratégicamente para asistir los siniestros, no son otra cosa que manejos del Estado para achicar una empresa y rematarla al mejor postor».
«A esto se suma la falta de renovación de las certificaciones en balanzas, que permite la circulación de camiones con sobrepeso y con ello el incremento del deterioro de la calzada. Como si fuera poco, hoy se autorizó la libre circulación de camiones bitrenes por rutas que no se encuentran preparadas para soportar el largo de dichos transportes. Estos son actos que demuestran la desidia y la falta de conciencia social que no solo afecta a quienes trabajamos en esta actividad, sino que también a los miles de argentinos que transitan por las rutas de nuestro país», remarcan desde el gremio que históricamente estuvo referenciado con Facundo Moyano.
La política libertaria no tiene un correlato vinculado a una necesidad económica. De hecho la firma presentó un superávit de 5.200 millones de pesos e incluso con ese resultado «desde diciembre se niega a negociaciones paritarias, lo que deteriora gravemente el poder adquisitivo de las familias».
«Todo esto ocurre mientras la Secretaría de Trabajo de la Nación permanece ausente frente a las reiteradas denuncias presentadas antes del 11 de abril y hasta la fecha, que hasta hoy siguen siendo ignoradas, dejando sin respuesta por la no intervención en las irregularidades planteadas», repasan desde el gremio que exigió «la inmediata reincorporación de los compañeros desafectados como así lo determinó la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la restitución de todas las herramientas de seguridad vial eliminadas, la reanudación del servicio de transporte y la convocatoria urgente a paritarias».
«Los trabajadores y trabajadoras no vamos a permitir que se avasallen nuestros derechos ni que se ponga en riesgo la seguridad en las rutas. Vamos a seguir defendiendo cada conquista y garantizando que el camino continúe seguro para todos los argentinos», cierran.
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