El Presidente debe definir hoy, y los rumores indican que lo hará, si promulga o veta dos leyes clave con amplio respaldo del Congreso. Universidades y hospitales pediátricos advierten con masivas protestas si elige el veto.
Este martes vence el plazo para promulgar o vetar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, ambas aprobadas por amplias mayorías en el Congreso. La decisión llega en un momento de fragilidad política para el oficialismo, tras la contundente derrota electoral del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires.
La Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente ya había vetado una vez en 2024, busca reabrir las paritarias docentes, crear un fondo de 10.000 millones de pesos y garantizar becas para estudiantes. Su eventual veto generaría un inmediato rechazo en el sector. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ya resolvió por unanimidad convocar a un paro nacional al día siguiente de un eventual veto, acompañado de protestas y una nueva Marcha Federal.
Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica apunta a aumentar fondos para hospitales infantiles y frenar la fuga de profesionales por los bajos salarios. El texto, que tuvo 62 votos a favor en el Senado, garantiza especialmente el funcionamiento del Hospital Garrahan, institución de referencia nacional. Ambas normas cuentan con un respaldo social y parlamentario tan significativo que la oposición ya evalúa insistir con su sanción si son vetadas, para lo cual necesitaría reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras.
Desde la Universidad de Buenos Aires, el rector Ricardo Gelpi y los decanos de sus 13 facultades se pronunciaron en un video pidiendo la reglamentación de la ley. “Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública”, afirmaron, en alusión a la crítica situación que vive la UBA, declarada en emergencia desde marzo debido a sueldos que no alcanzan y recursos al límite.
Mientras el Gobierno sopesa una decisión de alto costo político, la sociedad se moviliza. Este lunes se realizaron clases públicas en Plaza de Mayo, y tanto el sector universitario como el de la salud pediátrica advierten que volverán a las calles si prevalece el veto. La pulseada no es solo legal, sino también política: se trata de una prueba de fuerza entre un Ejecutivo debilitado y una oposición con viento a favor.
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