El juez Alejandro Patricio Marianello, que intenta frenar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura que incluyen acoso, abuso de poder y uso indebido de recursos. Una llama la atención en el marco de los audios por posibles pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad porque el magistrado también fue acusado de prevaricato por favorecer al PAMI en un fallo que perjudicó a jubilados y pensionados en el reclamo por la entrega de medicamentos gratuitos. Los detalles.
Tras su polémica resolución judicial que busca prohibir la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la presidencia Karina Milei en el marco de las sospechas por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se difundió que el juez Alejandro Patricio Maraniello, del fuero Civil y Comercial, enfrenta, en paralelo, nueve graves acusaciones por las que debe dar cuentas en los próximos días en el Consejo de la Magistratura.
Cinco denuncias resonaron en los medios porque incluyen acoso sexual, abuso de poder, acoso laboral y uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, estas no son las únicas acusaciones que pesan sobre la cabeza del magistrado. El 12 de mayo de 2025, desde InfoGremiales contábamos que el diputado y dirigente de trabajadores bancarios Carlos Cisneros denunció penalmente a Marianello por posible prevaricato, es decir, por tomar una resolución injusta, contraria a la ley. La decisión del juez porteño afectaba aquella vez a jubilados y pensionados del PAMI a quienes el Gobierno les había restringido los medicamentos gratuitos en diciembre de 2024 mientras les pisaba los ingresos.
El 6 de enero, el juez Pablo Quirós ordenó suspender, en la provincia de Mendoza, la aplicación de las resoluciones N° 2431 y 2537 del PAMI que restringieron a fines de 2024 el acceso a la cobertura del 100% de medicamentos por razones sociales.
En mayo de 2025, la Cámara Federal de Mendoza confirmó el fallo de Quirós que había atraído a Mendoza la causa radicada en Tucumán de Cisneros porque en la provincia cuyana se anotó primero a raíz de otra denuncia de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (JUBYPEN). A partir de esto, el Diputado Nacional y también dirigente de bancarios, denunció penalmente al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por presunta «desobediencia judicial» y al juez Alejandro Patricio Marianello, a cargo del Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 5 de Capital Federal, por «prevaricato», al intentar llevarse la causa a la Justicia porteña.
Los abogados que impulsaron las denuncias, Patricia Neme y Juan Andrés Robles, apoderados de Cisneros y representantes de la Red de Consumidores y Usuarios (Redecu), consideraron que Marianello dictó “una sentencia contraria a derecho para favorecer al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados (PAMI)… con el objetivo de escamotear una delicada causa judicial de manos de su juez natural -Juzgado Federal de Mendoza-, pretendiendo avocarse ilegítimamente a conocer en dicha causa”.
En ese sentido, Neme y Robles señalaron que “lo único que logró con esta burda maniobra fue dilatar los tiempos procesales, demorando el acceso a la Justicia de jubilados y pensionados que necesitan volver a contar con la cobertura integral de sus medicamentos”.
Marianello se sumó entonces a la controversia luego de que el PAMI planteara una inhibitoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual fue aceptada por el juzgado porteño pretendiendo que la causa se tramitara en su jurisdicción. Para los abogados, “es indudable que el Dr. Marianello ha sido influenciado para permitir a PAMI ganar tiempo a través de una sentencia de inhibitoria absolutamente contraria a las normas aplicables en la materia”. Por tal motivo, no solo solicitaron que se abra la pertinente investigación, sino que también requirieron “que se comunique al Consejo Asesor de la Magistratura de la Nación respecto de la inconducta que entraña el accionar delictivo desplegado por el magistrado”. Marianello aspira a ser Camarista.
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