El sindicato del neumático SUTNA denunció que la empresa Fate no otorgó incrementos durante más de un año y confirmó nuevas medidas de fuerza ante lo que calificó como una política de ajuste y extorsión que afecta el salario y las condiciones de vida de las familias trabajadoras. El gremio del neumático denunció que la empresa no otorgó incrementos durante más de un año y confirmó nuevas medidas de fuerza ante lo que calificó como una política de ajuste y extorsión que afecta el salario y las condiciones de vida de las familias trabajadoras. El conflicto salarial en la empresa Fate volvió a escalar luego de que los trabajadores del neumático anunciaran la continuidad de su plan de lucha con paros totales de actividades, en rechazo a la negativa de la patronal a otorgar aumentos salariales desde hace más de un año. Desde el gremio calificaron la situación como un acto de “crueldad absoluta” que afecta de manera directa a las familias de los operarios. Según denunciaron, la empresa no otorgó ningún incremento salarial durante más de 12 meses, en el contexto de inflación sostenida que deterioró fuertemente el poder adquisitivo. Los trabajadores sostienen que este accionar no solo generó un profundo malestar puertas adentro de la planta, sino que también despertó el repudio de la opinión pública, medios de comunicación y distintos organismos que tomaron conocimiento del conflicto. A lo largo del último año, el reclamo se expresó mediante asambleas, movilizaciones, paros, cortes, denuncias públicas y acciones de visibilización a nivel nacional. El eje central del conflicto se concentra en la paritaria del sector y, particularmente, en la postura de Fate, que argumenta atravesar dificultades económicas para justificar su negativa a recomponer salarios. Desde el sindicato recordaron que estos argumentos no son nuevos. Señalaron que Fate utilizó explicaciones similares en negociaciones anteriores, incluso durante la pandemia de 2020, cuando pretendió abonar solo el 50% de los salarios pese a recibir beneficios estatales en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). A su vez, denunciaron que balances posteriores presentados por la propia empresa reflejaron ganancias de decenas de millones de dólares durante esos años, las cuales se incrementaron en ejercicios siguientes. Para los trabajadores, existe un contraste evidente entre una patronal que “pretende actuar de forma extorsiva” y un colectivo obrero que defiende un salario de carácter alimentario. En ese sentido, rechazaron lo que consideran un intento de empujar salidas individuales y reafirmaron que la única respuesta posible es colectiva, exigiendo a la empresa que abandone lo que describen como una política de “mezquindad y sometimiento”. En este marco, el gremio confirmó nuevas medidas de fuerza: un paro total de actividades el sábado 17 de enero, de 6 a 14 horas, y otro el lunes 19 de enero, de 14 a 22 horas. Advirtieron que, de no existir una respuesta favorable por parte de la empresa, se anunciarán acciones de mayor alcance. “El salario define la calidad de vida de nuestras familias, por eso lo defendemos con todas las fuerzas”, remarcaron desde la representación sindical.

El sindicato denunció unos 100 despidos en el Hipermercado Libertad de Posadas y alertó por depósitos sin mercadería. La caída del consumo, los salarios rezagados y el aumento de costos profundizan la crisis del comercio en Misiones y ponen en riesgo más puestos de trabajo.

 

 

La crisis del comercio en Misiones volvió a quedar expuesta en uno de los sectores más sensibles: los supermercados. En el Hipermercado Libertad de Posadas se registraron alrededor de 100 despidos y, según denunció el sindicato, los depósitos se encuentran prácticamente vacíos, sin reposición de mercadería desde las casas centrales. La situación fue advertida por Agustín Gómez, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, quien alertó sobre un verano marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y la pérdida sostenida de puestos de trabajo.

“Los trabajadores están muy preocupados porque no hay información clara”, señaló Gómez en declaraciones radiales. Según explicó, la salida de numerosos empleados y la falta de movimiento en los depósitos generaron un fuerte clima de incertidumbre dentro del establecimiento. Desde la gerencia local, indicó, no se habrían brindado explicaciones concretas sobre el desabastecimiento, lo que alimenta el temor a nuevas medidas. “El empleado ve el depósito vacío y piensa lo peor”, resumió.

El caso del Hipermercado Libertad, aseguró el dirigente gremial, no es un hecho aislado. De acuerdo con los relevamientos que recibe el sindicato, la situación se repite en grandes superficies y mayoristas como Maxi Consumo, Vital y Jaguar, donde las ventas están deprimidas y los balances muestran números en rojo. “Cayó incluso la venta de alimentos, algo que históricamente era lo último en resentirse en una crisis”, advirtió Gómez, al describir la profundidad del retroceso del consumo.

En paralelo, el sindicato confirmó que en la región se multiplicaron las consultas empresarias para iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis, un mecanismo que permite solicitar medidas excepcionales ante situaciones críticas. Gómez detalló que en diciembre eran cuatro las firmas en ese proceso y que ahora el número va en aumento. Entre los planteos más frecuentes aparecen recortes salariales del 30% o 50%, suspensiones, pedidos de alivio en cargas patronales y propuestas de salarios no remunerativos, prácticas que profundizan la precarización laboral.

El deterioro del comercio, explicó el dirigente, responde a un combo que se repite mes tras mes: tarifas, transporte y servicios en alza, con salarios que quedaron muy por detrás del costo de vida. Recordó que, según datos oficiales, una familia necesitó alrededor de 1,3 millón de pesos para cubrir la canasta básica en diciembre, mientras que el salario promedio del sector comercio ronda los 900 mil pesos para una jornada completa. Esa brecha, sostuvo, explica por qué el consumo no logra recuperarse, especialmente entre quienes trabajan media jornada.

Las cifras generales refuerzan ese diagnóstico. En lo que va de 2025 habrían cerrado unas 500 empresas en Misiones, y si se amplía la mirada a los últimos dos años, la pérdida alcanzaría a cerca de 1.000 firmas y 10.000 empleos. A esto se suma que, según datos oficiales de octubre de 2025, la provincia cayó por debajo de los 100 mil empleos privados formales, el nivel más bajo desde 2021. Con el verano en marcha y meses tradicionalmente flojos por delante, desde el gremio advierten que, sin recomposición salarial y con costos en aumento, el escenario seguirá siendo de presión, despidos y cierres en el comercio misionero.

 

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