En medio de la disputa con la justicia estadounidense por el caso YPF, desde el gobierno nacional anunciaron la publicación en el Boletín Oficial de un inminente recorte en la Procuración del Tesoro Nacional, el organismo que representa y defiende al Estado nacional en los juicios, además de dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado. Si bien justifican la reducción de personal en la política de ajuste que implementa la gestión libertaria, también sostienen que es preciso hacerla por unas supuestas filtraciones que representan una posible “venta de información” al fondo Burford Capital. Paradójicamente, la Procuración –y también su desguace–, está a cargo de Santiago Castro Videla que, a su vez, es socio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, quien fue contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital, el fondo que compró el litigio del Grupo Petersen, y que logró que la justicia estadounidense fallara contra la Argentina en el juicio por la estatización de la petrolera. Para quienes conocen el funcionamiento de la Procuración del Tesoro “esto, en realidad, es el estudio de Bianchi desarmando la defensa del Estado argentino”.

El actual procurador y Bianchi compartían el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla hasta hace poco tiempo y, por más que Castro Videla no habría participado directamente en la causa, el haber compartido estudio con Bianchi hizo que en la actualidad no pueda estar al frente del litigio por YPF y hay sospechas de la existencia de un conflicto de intereses. Castro Videla ingresó como titular de la Procuración del Tesoro en febrero de este año, cuando reemplazó a Rodolfo Barra, quien también se había excusado de intervenir en el juicio por la estatización de YPF, por haber emitido una opinión técnica de la causa años atrás.

Desde la Casa Rosada, antes de hacer el anuncio oficial de que al día siguiente saldría en el Boletín Oficial el desguace del organismo que defiende al Estado, dejaron correr un rumor: Que los despidos se harían porque aseguraban tener pruebas de que funcionarios de ese organismo filtraron y vendieron información confidencial sobre la causa del Estado Nacional contra Burford Capital, por la estatización de YPF. No explicaron de qué forma se enteraron que eso supuestamente había ocurrido y tampoco detallaron quiénes son los empleados que despidieron o despedirán por ese motivo.

Aquellos que conocen el funcionamiento interno de de la Procuración advirtieron que “el supuesto escándalo de la filtración vendría como anillo al dedo, para justificar el vaciamiento“. Además, alertan que esa supuesta “reestructuración”, caería sobre la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), que es un órgano de capacitación especializada de los asesores jurídicos y abogados litigantes que actúan para el Estado.

“‘Achicar el Estado es agrandar la nación’, decía una propaganda de la última dictadura. ‘Dejarlo indefenso, también’, dirán ahora”, añaden y consideran que, en caso de que haya algún sospechoso de trabajar para los fondos buitres, ese sería quien fue socio de Bianchi, es decir, el propio procurador. “Desguazar al Estado y desarmar a sus equipos técnicos les permitirá ganar más a ellos”, puntualizan. Y señalan: “Esto, en realidad, es el estudio de Bianchi desarmando la defensa del Estado argentino”. “Ellos trabajan para los buitres y descubren filtraciones hacia los buitres, es paradójico”, concluyen irónicos.

No es para menos lo que sostienen los conocedores de los pasillos y despachos de la Procuración. Destacan también que el bufete que compartía Castro Videla con Bianchi tiene como especialidad litigar justamente contra el Estado, el que ahora representa Castro Videla. O sea, es también su metier.

El ajuste

En un comunicado que difundió de manera oficial la Procuración del Tesoro después de que trascienda el rumor de la supuesta “venta de información” desde el interior del organismo, explicaron que achicarían la estructura “en línea con la transformación del Estado Nacional”.

“Ponemos en marcha una profunda reestructuración institucional para hacer más eficiente el funcionamiento operativo de la Procuración del Tesoro y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, escribieron en un comunicado dado a conocer ayer por la tarde.

Luego, añadieron que esa “reestructuración”, estará orientada “a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”. Hablaron de un “recorte histórico de personal”, y contaron que desde el comienzo de la gestión ya hubo “60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas”.

Además, adelantaron que el recorte saldrá en el Boletín Oficial y que “pasarán de seis a cuatro las Direcciones Nacionales y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado“. Esto último, justificaron que será “para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la Procuración del Tesoro Nacional”.

Para finalizar, añadieron que esa tarea “será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”. “Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas”, subrayaron.

Sobre el número de despedidos durante los últimos días y la posible venta de información confidencial vinculada al caso YPF, desde la Procuración del Tesoro dijeron que no harían comentarios.

La causa

Con respecto a la causa, desde el oficialismo explican que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, denegó el pedido de suspensión de la entrega de las acciones de YPF que había presentado la Argentina en los casos Petersen/Eton y Bainbridge y que, por ende, la Argentina acudirá a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a fin de que decida, tanto el pedido de suspensión, como la apelación de la orden de entrega de las acciones. Además, agregan que la Argentina no se encuentra incumpliendo la orden, ya que la propia Preska otorgó tres días más para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones.

Otro dato a destacar es que este miércoles, luego de que se conozca que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispusiera la suspensión administrativa temporal de la orden con ultimátum para que el país entregue el 51 por ciento de los títulos de YPF a los fondos buitres, se conoció que el gobierno de Estados Unidos apoyó la postura de Argentina en el caso (ver aparte). 

No es la primera vez, sin embargo, que eso ocurre. El expresidente estadounidense, Joe Biden, también lo hizo. El gobierno de Donald Trump, más precisamente el Departamento de Justicia, presentará un escrito comoamicus curiaecontra la sentencia que desconoce los derechos soberanos de la Argentina. Desde el gobierno destacaron que el abogado de la Argentina es “el abogado de Trump”, haciendo referencia a Robert Joseph Giuffra Jr, titular del estudio Sullivan & Cromwell, y confiaron que esa intervención “dará buenos resultados”.