La Justicia procesó a dos ex presidentes de SanCor por la presunta apropiación indebida de aportes de los trabajadores al sistema de seguridad social. Desde ATILRA anunciaron que ampliarán la denuncia penal, denunciaron maniobras que habrían agravado la situación de la empresa y ratificaron que seguirán trabajando para preservar las fuentes de empleo.
La Justicia procesó a los ex presidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, acusados de la presunta apropiación indebida de más de 1.600 millones de pesos correspondientes a aportes de los trabajadores destinados al Sistema Único de la Seguridad Social. Según se informó, el monto actualizado sería considerablemente superior.
De acuerdo con un comunicado difundido por Héctor «Etín» Ponce, secretario general y del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), los trabajadores afectados anunciaron que ampliarán la denuncia penal. Sostienen que la maniobra delictiva no solo se habría producido en el pasado, sino que persistiría en la actualidad mediante la modalidad de declarar como remunerativo en los recibos de sueldo únicamente el equivalente a un salario mínimo, el cual además presenta atrasos en su pago.
Desde el gremio señalaron que distintos especialistas y medios ya advirtieron que la evasión fiscal sostenida en el tiempo impacta de manera directa en la situación crítica de la empresa. En ese sentido, remarcaron que el uso de fondos de terceros, la afectación de aportes laborales, el ocultamiento del estado económico real y la presunta tergiversación de los recibos de haberes podrían haber colocado a SanCor ante un eventual concurso fraudulento, con la consecuente extensión de responsabilidades para sus autoridades.
Desde ATILRA se destacó que la decisión judicial resulta alentadora en un contexto en el que suele existir una tendencia a relativizar delitos cometidos por personas de elevado estatus social. No obstante, aclararon que la inmensa mayoría de los empresarios del sector lácteo actúa con honestidad y buena fe.
También recordaron que desde hace años se advertía sobre el rumbo que tomaría la cooperativa si no se adoptaban decisiones estructurales a tiempo. Existieron varios intentos de tender puentes con inversores lácteos nacionales e internacionales para garantizar la continuidad de la empresa, iniciativas que, afirman, fueron sistemáticamente boicoteadas.
Estas acciones habrían vulnerado la confianza de los productores y expuesto a los trabajadores y sus familias a situaciones económicas críticas, derivadas del incumplimiento en el pago de salarios y de la incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo. “No se trata de ser de un color político u otro, se trata de ser buena o mala gente”, afirmó Ponce.
Finalmente, desde ATILRA señalaron que consideran cerrada esta etapa judicial, aunque remarcaron que continuarán trabajando para encontrar alternativas que permitan preservar la fuente laboral y los puestos de trabajo, ante la posibilidad de una eventual liquidación de la empresa.
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