La determinación se oficializó mediante una Resolución. Se creó el «Registro Centralizado de Delegados Gremiales de la Administración Pública Nacional», una lista que desde los gremios creen que servirá para perseguir sindicalistas. «Son todas medidas intentando coartar la libertad sindical», planteó Andrés Rodríguez.
El gobierno nacional oficializó mediante la resolución 34/25 publicada en el Boletín Oficial la creación de una lista negra de sindicalistas en el Estado nacional que permitirá identificar a los trabajadores que son votados para defender derechos laborales.
La medida, oficialmente es nominada como un «Registro Centralizado de Delegados Gremiales de la Administración Pública Nacional» y tiende a fortalecer la presión sobre los trabajadores estatales y sobre su capacidad de organizarse.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya adelantaron que van a presentar una demanda para frenar la implementación de la medida porque entienden que es persecutoria y que la intención tiende a amedrentar a quienes busquen ser delegados.
La resolución aprobó, adicionalmente, un procedimiento para la incorporación de datos al “Registro de Juicios en los que se invoca tutela gremial”. Toda información para cerrar el círculo sobre aquellos que representen sindicalmente a sus compañeros.
El secretario General de Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Andrés Rodríguez alertó que la medida fue oficializada en medio de la elección de delegados: «Son todas medidas intentando coartar la libertad sindical, intentando limitar el ejercicio pleno de lo que deben ser las entidades sindicales. Esto se suma a la limitación del derecho a huelga de ayer», sostuvo en declaraciones a El Destape Radio.
La decisión es impulsada por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios que con más ímpetu atacan a los sindicatos desde el Gobierno libertario y argumentada bajo la excusa de que es «necesario establecer procedimientos y lineamientos para el accionar de los diversos actores por parte del Estado empleador, con el objeto de lograr mayor eficiencia».
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