La Justicia de Salta elevó a juicio una causa contra 19 trabajadores y dirigentes sindicales por realizar una protesta frente al Hotel Provincial Plaza de Salta ocurrido en 2021, al considerar que la medida de fuerza excedió el derecho de huelga y constituyó un delito de turbación de la posesión. El empresario repitió al pie de la letra el camino de acción del Movimiento Anti-Bloqueo, al que acudió para castigar a sus empleados.
El fallo del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino, sostiene que la protesta excedió el marco legal al impedir el ingreso y egreso de personas y provocar daños materiales. Según consignó Infobae, la sentencia asegura que durante más de dos semanas se bloquearon los accesos al Hotel Provincial Plaza de Salta y se realizaron pintadas en el edificio. Para el magistrado, este tipo de acciones no se encuentran amparadas por el derecho de huelga, aun cuando se desarrollen en el marco de un reclamo sindical.
Sin embargo, el contexto en el que ocurrieron los hechos resulta clave y relativiza la mirada penal que se busca darle, de un tiempo a esta parte, a los conflictos laborales. La protesta tuvo lugar en plena pandemia, cuando el sector hotelero atravesaba una de las peores crisis de su historia, con restricciones sanitarias severas y una actividad prácticamente paralizada que dejaba a los trabajadores prácticamente sin ingresos. En ese escenario, las tensiones entre empleadores y sindicatos se multiplicaron en todo el país, muchas veces sin canales eficaces de negociación.
Desde la mirada empresarial, el dueño del hotel, Carlos Issa, afirmó al medio sentirse víctima de una acción organizada con fines políticos más que laborales. Según Infobae, Issa dijo: “Siento impotencia”, y sostuvo que la medida de fuerza fue impulsada por dirigentes de la UTHGRA en el marco de disputas internas y electorales del sindicato, incluso durante la vigencia de una conciliación obligatoria. También aseguró que las supuestas diferencias salariales eran mínimas y que la empresa había accedido a programas estatales precisamente por estar al día con los sueldos.
Criminalizar hasta la imputación penal a una veintena de trabajadores por un reclamo colectivo en un contexto de emergencia social y económica sienta un precedente delicado, cuando la protesta ha sido históricamente una herramienta central de los sectores laborales frente a situaciones de vulnerabilidad, como fue la pandemia. Más aún cuando no se atiende suficientemente al desequilibrio de poder entre las partes.
El riesgo, advierten diversos sectores sindicales y académicos, es que este tipo de fallos terminen funcionando como un disciplinador social, desalentando la organización y la protesta colectiva mediante la amenaza de sanciones del fuero penal, que implican riesgo de encarcelamiento por manifestar un reclamo. Mientras tanto, el empresario, pide que dejen de «acosarlo» con demandas, enfrenta 13 causas laborales paralelas y el conflicto penal que abrió sigue su curso en tribunales.
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