El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la firma del decreto para prorrogar la ley de emergencia para las fábricas recuperadas por un año junto a trabajadores y referentes del sector en Avellaneda, el distrito con más cooperativas del rubro. La medida busca sostener puestos de trabajo y evitar desalojos en medio de la crisis económica.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prorrogó por un año la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria para Empresas Recuperadas, una norma que protege a las fábricas autogestionadas por sus trabajadores frente a desalojos, cortes de servicios y procesos judiciales.
El acto simbólico se realizará hoy en la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda, con la presencia del intendente Jorge Ferraresi y del presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, además de trabajadores y referentes del sector.
La elección del lugar no es casual: Avellaneda concentra 17 empresas recuperadas, el número más alto de toda la provincia, que cuenta con 155 unidades productivas y más de 4.100 trabajadores. Según datos del IPAC, el 67% de estas cooperativas están radicadas en el conurbano bonaerense, principalmente en Avellaneda, Quilmes y Vicente López, mientras que el resto se distribuye en municipios del interior como Bahía Blanca, Azul, Mar del Plata y Bragado.
La ley 15.485 fue sancionada en abril de 2024 por la Legislatura bonaerense, con una duración inicial de 18 meses y la posibilidad de prórroga por un año. La norma reconoce a las empresas recuperadas como actores de interés provincial, suspendiendo los desalojos y cortes de servicios públicos, y garantizando un marco de apoyo a las cooperativas de trabajo que sostienen su producción tras el cierre o abandono de sus dueños originales.
Desde el IPAC destacaron que la extensión de la ley es “clave para preservar la continuidad laboral”, dado que más del 36% de las fábricas recuperadas operan en inmuebles con causas judiciales o en proceso de quiebra, mientras que solo el 31% es propietaria de su predio.
“El contexto económico y social que motivó la emergencia no solo no ha cesado, sino que se ha agravado por las políticas del Gobierno Nacional”, justificó la administración provincial en los fundamentos del decreto.
El presidente del IPAC, Gildo Onorato, subrayó el rol del Estado bonaerense como “escudo y red de contención” frente a la situación económica que atraviesan las cooperativas. “Ya cerraron 15.000 empresas en el país, según la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC). Por eso la Provincia cumple un papel fundamental para sostener a quienes apuestan al trabajo autogestionado”, expresó.
El 74,6% de las cooperativas bonaerenses se dedica a la actividad manufacturera, y muchas de ellas se enfrentan a dificultades para afrontar tarifas, insumos y litigios judiciales. Desde el Gobierno provincial señalaron que la prórroga de la emergencia permitirá mantener la asistencia y el acompañamiento institucional, en un contexto en el que el acceso al crédito y las políticas nacionales de apoyo al sector se redujeron drásticamente.
La Ley 15.485 alcanza a las cooperativas de trabajo —o a aquellas en formación— integradas por ex trabajadores de empresas que cerraron, quebraron o fueron abandonadas. Además de suspender desalojos y cortes de servicios, la normativa declara de interés provincial los procesos de recuperación, promueve la regularización de los inmuebles en litigio y habilita programas de financiamiento y asistencia técnica a través del Ministerio de Producción bonaerense.
El Gobierno provincial destacó que las empresas recuperadas “carecen de fin de lucro, sostienen fuentes de trabajo autogestionadas y desarrollan actividades sociales que benefician a la comunidad”, evitando así “los costos sociales del desempleo y la pobreza”.
Con la prórroga de la ley, la Provincia busca garantizar la continuidad de un modelo productivo que combina autogestión, empleo y arraigo local, en un escenario económico nacional cada vez más adverso para el sector cooperativo.
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