La CGT Regional Santa Fe manifestó su apoyo a los trabajadores de la fábrica Vassalli en Firmat, que reclaman por salarios adeudados, y rechazó las acusaciones contra el secretario general de la UOM local, Diego Romero.
La CGT Regional Santa Fe expresó su apoyo a los trabajadores de la empresa Vassalli, ubicada en la ciudad de Firmat, y repudió las acusaciones realizadas por una funcionaria pública y representante legal de la compañía contra el secretario general de la UOM Seccional Firmat, Diego Romero.
A través de un comunicado, la central obrera destacó que los empleados de la planta fabril llevan adelante un reclamo legítimo por el pago de salarios y otros conceptos que la empresa no estaría abonando en tiempo y forma. Según el texto, los directivos de la firma habrían intentado responsabilizar a los trabajadores y a la organización gremial por un conflicto generado por la propia compañía.
“La realidad es clara: los trabajadores han cumplido con su parte; los que están en deuda y no dan respuestas concretas son los directivos de la empresa”, subrayó la CGT santafesina, que además manifestó su solidaridad con los empleados, sus familias y con la comisión directiva de la seccional de la UOM en Firmat.
El comunicado concluye con un llamado a garantizar trabajo y salarios dignos como condición indispensable para superar la crisis que atraviesa la histórica fábrica de cosechadoras.
Desde el 12 de agosto, un grupo de operarios realiza asambleas y protestas en el acceso a la planta y sobre la ruta nacional 33 para exigir el pago de salarios atrasados. La compañía adeudaba parte de los haberes de junio, la totalidad de julio y el medio aguinaldo, además de sumas retroactivas.
El malestar estalló cuando la conducción ofreció un adelanto de $300.000 para la semana próxima “si entra un cheque”, propuesta considerada insuficiente por el gremio. El sindicato denunció entonces que los sueldos se pagan en cuotas desde el año pasado y que se arrastran deudas con las cargas sociales. “La situación es crítica, hay trabajadores con problemas para pagar alquileres y casos de amenaza de desalojo”, remarcó Romero.
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