En un escenario de parálisis en la infraestructura y tensión con los gobernadores, la CGT y el Grupo de los Seis grupos empresarios con más peso del país coincidieron en la necesidad de descongelar fondos, liberar tarifas y garantizar estabilidad jurídica para atraer inversión privada. Gerardo Martínez planteó la necesidad de un pacto entre «la producción y el trabajo» para lograr desarrollar la infraestructura nacional y fomentar la generación de empleo.
En el marco de la ExpoRural y ante la mirada de referentes del sector privado, la CGT en la voz de Gerardo Martínez y el Grupo de los Seis (G6) alzaron la voz para exigir una reactivación urgente de la obra pública, con condiciones que faciliten la participación del capital privado. El reclamo incluyó el descongelamiento de fondos específicos, la actualización de tarifas y el acceso a financiamiento de largo plazo, ejes considerados clave para frenar la crisis del sector.
Por la CGT, el encargado de poner el foco en el aspecto social y laboral fue Martínez, secretario general de UOCRA, quien expresó su preocupación por el impacto directo que la paralización de las obras tiene en el empleo formal: «Estamos viendo, por un lado, un plan económico monetario financiero que va a una velocidad, y el trabajo y el crecimiento a otra. No pasa por reaccionar después haciendo paros, sino por poder ser escuchados.», advirtió el dirigente.
«Es clave la construcción de un pacto entre la producción y el trabajo, que busque aportar las mejores ideas para potenciar y pensar una Argentina productiva, donde el desarrollo de la infraestructura juega un rol trascendente«, afirmó Martínez.
«Desde las iniciativas del CPI como ente privado, es necesario impulsar y articular con las autoridades políticas estrategias conjuntas para potenciar la infraestructura que nuestro país necesita. Es necesario impulsar iniciativas que reviertan la crítica situación actual en la materia, clave para la generación de empleo, fomentando la generación de trabajo productivo, calificado y protegido», añadió.
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Por su parte, el empresario Gustavo Weiss (CAMARCO) denunció que existen fondos retenidos sin ejecutar, como los fideicomisos de obra pública financiados con el impuesto a los combustibles, un tema que ya encendió el reclamo de los gobernadores en el Senado.
Weiss cuestionó también el esquema de concesión de rutas que propone el Gobierno: «El 75% de los kilómetros bajo control estatal no resultan rentables para la inversión privada. Aún si la privatización avanza, la mayoría de las obras necesitará financiamiento público«, sostuvo.
Los empresarios coincidieron en que la “tarifa pisada” –mecanismo recurrente durante distintos períodos electorales– imposibilita la recuperación de inversiones, una queja que también fue compartida por Natalio Grinman (Cámara de Comercio) y Javier Bolzico (ABA), quien remarcó que sin seguridad jurídica ni normas estables a 10 o 20 años, será imposible atraer capitales para obras de largo aliento.
