La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) calificó de inconstitucional el nuevo decreto y advirtió que no renunciará a un derecho consagrado por la Constitución Nacional.
La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) emitió un enérgico comunicado en el que rechaza el Decreto 340/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, al que considera un nuevo intento “arbitrario e inconstitucional” de restringir el derecho de huelga. Bajo el título “Solo hay un camino: el de la ley”, la organización sindical reafirmó su compromiso con la legalidad y anunció que continuará ejerciendo el derecho a la protesta consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pese a los intentos del Gobierno por limitarlo.
El decreto en cuestión modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y amplía el concepto de “servicios esenciales” e introduce la categoría de “actividades de importancia trascendental”, imponiendo que en dichos sectores se garantice un mínimo del 75 % y 50 % de la prestación de servicios, respectivamente, durante las huelgas. Para la UGATT, esta imposición vacía de contenido el derecho a huelga y reproduce lo que ya intentó el Gobierno a través del artículo 97 del DNU 70/2024, también cuestionado judicialmente.
La organización, que forma parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), recordó que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya declaró la invalidez constitucional del Título IV del DNU 70/2024, el cual contenía medidas similares para restringir derechos laborales. En ese fallo, en el expediente “CGT c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo”, se dejó claro que el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto en materias que afectan garantías constitucionales. La UGATT subrayó que seguirá acatando esa sentencia y defenderá su aplicación frente a nuevos intentos del Ejecutivo por desconocerla.
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, concluye el comunicado, citando al General Juan Domingo Perón. La declaración reafirma el compromiso del gremio con la legalidad y anticipa una postura firme contra cualquier norma que pretenda cercenar derechos laborales por fuera del marco constitucional. El conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del transporte suma así un nuevo capítulo, con promesas de resistencia sindical tanto en los tribunales como en las calles.
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