Las dos principales centrales sindicales del país, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, presentaron este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones gremiales, políticas y sociales.
La presentación judicial fue realizada por los secretarios generales Hugo Yasky (CTA) y Hugo «Cachorro» Godoy (CTA Autónoma), luego de que una investigación periodística publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación revelara la existencia de informes secretos de inteligencia que monitoreaban actividades sindicales y políticas consideradas completamente legales, como marchas de jubilados, protestas gremiales y actos culturales.
Según consta en la denuncia, los informes detallan nombres de dirigentes, fechas, horarios y recorridos de movilizaciones, sin que exista ninguna referencia a amenazas a la seguridad nacional. Las centrales sostienen que estas prácticas violan la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520), así como derechos constitucionales como la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.
“Se trata de un hecho de una gravedad institucional enorme, que remite a los peores momentos del pasado autoritario de nuestro país”, expresaron en el comunicado. Ambas CTA aparecen mencionadas en los documentos filtrados, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, lo que refuerza su reclamo de que se investigue a fondo el origen y propósito de los informes.
La denuncia solicita que la justicia determine si las tareas de inteligencia contaron con respaldo judicial. En caso contrario, exigen que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios implicados, incluido el propio presidente Milei, en tanto máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional. Además, las centrales solicitaron ser notificadas del avance de la causa para constituirse como querellantes y representar a los trabajadores y trabajadoras que pudieran haber sido víctimas del presunto espionaje ilegal.
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