La diputada Vanina Biasi presentó un proyecto de ley para frenar la resolución 34/2025, que centraliza el control de las elecciones sindicales en el Estado. Los diputados del FIT-U firmantes del proyecto denuncian una ofensiva del gobierno de Milei para debilitar la representación gremial y facilitar despidos masivos.
Este miércoles, la diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Vanina Biasi, presentó un proyecto de ley para anular la resolución 34/2025 emitida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La medida, firmada por el secretario Maximiliano Fariña y publicada el 21 de mayo, impone un control estatal sobre los procesos electorales dentro de los sindicatos de trabajadores del sector público.
Desde el FIT-U denunciaron que se trata de una maniobra del gobierno de Javier Milei para “intervenir directamente en la vida interna de las organizaciones sindicales del Estado”, bajo el argumento de mejorar los mecanismos de transparencia sindical. “Quieren designar a dedo a nuestros delegados, controlar las elecciones y vaciar los sindicatos. Esto es fascismo antiobrero maquillado de desregulación”, expresó Biasi en su cuenta de X (ex Twitter).
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone derogar la resolución en su totalidad, señalando que configura una “intromisión absolutamente improcedente” del Estado en la organización de los trabajadores. Según los fundamentos del texto, la norma tiene un claro propósito persecutorio: reducir la cantidad de delegados con tutela gremial y crear un registro judicial de causas vinculadas a ese derecho, en el marco de un posible nuevo ciclo de despidos masivos.
“El gobierno quiere asegurarse que nadie pueda resistir sus planes de ajuste. Esta medida no solo limita el derecho a elegir representantes, sino que condiciona la propia existencia de delegados gremiales dentro del Estado”, sostiene el proyecto, también acompañado por los diputados Vilma Ripoll, Alejandro Vilca, Nicolás del Caño y Christian Castillo.
Entre los puntos más cuestionados de la resolución figura el establecimiento de un piso del 10% de afiliación sobre la planta de empleados para habilitar elecciones sindicales, y la centralización en un “registro nacional” de las nóminas de candidatos. Para los legisladores del FIT-U, se trata de una medida que busca “imponer una dictadura patronal en el Estado”, bajo la figura de “libertad” promovida por el ideólogo del plan, Federico Sturzenegger.
El texto también apunta contra los sindicatos mayoritarios: “Mientras UPCN firma paritarias a la baja y deja pasar los despidos, y ATE no organiza una respuesta real, el gobierno aprovecha para avanzar sobre el derecho a organizarse”, advirtieron desde el bloque.
La iniciativa legislativa busca frenar lo que definen como un “nuevo intento de disciplinamiento y desmovilización” del conjunto de los trabajadores estatales. “Está planteada una pelea en regla por el salario, contra los despidos y por el derecho a organizarse libremente”, concluye el proyecto.
La resolución 34/2025 se suma a una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo que apuntan a reconfigurar las relaciones laborales en el Estado, en línea con el DNU 70/23 y los decretos que impulsan recortes y reformas estructurales. Desde los sindicatos y sectores de la oposición ya se prepara una nueva batería de acciones legales y movilizaciones para rechazar esta normativa.
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