El Gobierno confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la movilización de la CGT contra la reforma laboral, en lo que será el primer operativo de represión de alto impacto de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, flamante sucesora de Patricia Bullrich, mientras desde la Casa Rosada minimizan el peso político de la protesta sindical.
El Gobierno nacional confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la movilización convocada por la CGT y otras centrales sindicales para este jueves en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La marcha, que tendrá como punto de concentración la Plaza de Mayo, marcará el primer gran desafío en la calle para la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich.
Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad minimizaron el impacto político de la protesta sindical y aseguraron que no influirá en el rumbo legislativo del proyecto. “No cambia nada, se aplicará el protocolo”, señalaron fuentes oficiales a La Nación, que insistieron en que la movilización tendrá “influencia cero” sobre el debate parlamentario de la iniciativa enviada al Senado.
Monteoliva, que hasta ahora se desempeñaba como secretaria de Seguridad, fue una de las funcionarias encargadas de ejecutar el protocolo antipiquetes durante la gestión anterior. En el oficialismo destacan su experiencia y remarcan que la decisión es mantener una postura de firmeza, sin provocar al sindicalismo, pero sin ceder en el control del espacio público. “Por la vereda estará todo bien”, ironizó un funcionario en la previa de la marcha.
La ministra adelantó que el operativo se desarrollará bajo los mismos lineamientos que se aplican habitualmente en las manifestaciones frente al Congreso. “Analizamos cada movilización como siempre: cuánta gente viene, cómo se mueve y cómo encapsular a los distintos grupos”, explicó en declaraciones televisivas, al tiempo que reafirmó que “el orden público no se negocia”.
La convocatoria sindical se da luego de que la CGT manifestara su rechazo al texto final de la reforma laboral presentado por el Gobierno. Tras participar del Consejo de Mayo, la central obrera decidió no acompañar el proyecto y avanzar con la movilización, a la que se sumaron las dos CTA y organizaciones sociales y piqueteras. Desde la conducción cegetista advirtieron que la iniciativa oficial constituye “un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.
