Las centrales CTA-T y CTA-A repudiaron el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, advirtieron que habilita un esquema de vigilancia y persecución incompatible con la democracia y exigieron su rechazo inmediato por parte del Congreso.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) expresaron un enérgico repudio a la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional modificó la Ley de Inteligencia Nacional. Desde ambas centrales advirtieron que la medida constituye un grave retroceso institucional y una amenaza directa a las libertades democráticas.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales señalaron que el decreto fue dictado “sin urgencia ni necesidad”, vulnerando las atribuciones del Congreso y el debate democrático. En ese sentido, afirmaron que el DNU consolida un esquema de poder que debilita el control republicano y avanza sobre derechos y garantías constitucionales.
Según denunciaron, la reforma transforma a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en una “policía secreta”, al otorgarle facultades excepcionales como la posibilidad de realizar detenciones arbitrarias, declarar todas sus actividades como encubiertas y centralizar el acceso a los datos personales de la ciudadanía. Para las CTA, estas modificaciones configuran una estructura legal orientada a la vigilancia masiva y a la persecución política, sindical y social.
Las centrales también cuestionaron que, mientras se profundizan recortes en derechos sociales, el Gobierno fortalezca el aparato de espionaje del Estado. “Esto evidencia el carácter represivo y autoritario de la actual gestión”, sostuvieron, y advirtieron que el decreto representa un golpe a la Constitución Nacional y a las garantías republicanas.
En el documento, firmado por los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), se exigió el rechazo inmediato del DNU 941/2025, al que calificaron de “nulidad absoluta”. Asimismo, reclamaron que cualquier reforma al sistema de inteligencia sea debatida en el ámbito parlamentario, con mecanismos de transparencia y control ciudadano.
Finalmente, las organizaciones remarcaron que la defensa de la democracia está estrechamente ligada a la defensa de las libertades del pueblo, y anticiparon que continuarán manifestándose contra la vigencia de la norma.
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