En un contexto donde Camuzzi ha manifestado públicamente que atraviesa una situación financiera sólida y auspiciosa, producto de los incrementos tarifarios registrados en el último año y medio, la empresa sigue creciendo y reafirmandose como la distribuidora de gas más grande del país.
Cabe destacar que la red de distribución fue construida originalmente por Gas del Estado y que, tras la privatización, la concesión del servicio público fue entregada a Camuzzi. Hoy, no solo mantiene esa concesión sino que además ha solicitado y conseguido su ampliación, lo que implica extender un negocio altamente rentable que se sostiene con el esfuerzo de las y los trabajadores y con el pago de las tarifas por parte de los usuarios.
Esta situación refuerza aún más nuestra indignación: mientras la empresa gestiona y expande un negocio millonario con garantías de rentabilidad asegurada, se niega a dar respuestas concretas a los legítimos reclamos de sus trabajadores y trabajadoras, quienes son los verdaderos responsables de que el servicio público se preste con calidad y continuidad.
Durante años, los compromisos asumidos por la propia compañía señalaban que la jerarquización de las condiciones salariales y laborales llegaría en paralelo al “sinceramiento” tarifario. Sin embargo, hoy, con tarifas en alza, balances positivos y ganancias extraordinarias, la empresa se cierra al diálogo y rechaza discutir mejoras convencionales.
Nuestro sector está conformado por trabajadoras y trabajadores altamente especializados, quienes han sostenido la prestación del servicio esencial en las etapas más críticas: desde los congelamientos tarifarios, con la empresa subsidiada, hasta la pandemia, cuando estuvimos en el territorio garantizando el suministro para millones de hogares argentinos.
Hoy, cuando el escenario es más favorable que nunca y los usuarios ven en sus facturas el fuerte impacto de las subas, la empresa responde con soberbia, desconsideración y autoritarismo: suspende de manera unilateral las negociaciones paritarias y se niega a discutir la agenda de puntos convencionales que implican mejoras reales en condiciones laborales y salariales.
Entre esos puntos, sobresalen los adicionales de viáticos y refrigerio, que se encuentran totalmente desfasados de la realidad. Los gastos de traslado y el costo de una vianda de calidad para afrontar la jornada laboral no están cubiertos por los valores actuales, a pesar de que hace años venimos reclamando su actualización. No reconocer esta situación es desconocer el día a día de cada trabajador y trabajadora en el territorio.
Los trabajadores hemos sido socios en las pérdidas en los tiempos difíciles. Es inadmisible que ahora, en tiempos de bonanza, los accionistas pretendan desconocer el rol central de quienes somos la columna vertebral del servicio público de gas natural.
Los cuadros tarifarios publicados por el ENARGAS son claros: los ingresos de la compañía se incrementarán notablemente. Frente a esto, resulta una injusticia inadmisible que quienes sostienen la operación diaria de la red de gas sean los únicos relegados.
Si la empresa goza de beneficios extraordinarios y solicita la ampliación de la concesión, debe demostrar un compromiso social real. Ese compromiso comienza por reconocer y jerarquizar a los trabajadores y trabajadoras, sin los cuales no existiría el servicio público de gas natural ni las ganancias que hoy exhiben los accionistas.
