Dos diputados aliados al oficialismo del bloque Provincias Unidas presentaron un proyecto alternativo para regular las licencias por enfermedad tras la eliminación del artículo correspondiente en la reforma laboral. La iniciativa propone pagar el 80% del salario, mantener los plazos actuales e incorporar la posibilidad de que las empresas contraten seguros para cubrir ese riesgo.
Dos diputados del bloque Provincias Unidas presentaron un nuevo proyecto para reabrir el debate sobre las licencias por enfermedad, un tema que había quedado fuera de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La discusión formaba parte del artículo 44 del proyecto original, pero el oficialismo decidió retirarlo durante el tratamiento legislativo para facilitar la aprobación del resto de la iniciativa. La nueva propuesta busca establecer un esquema diferente al planteado previamente por el Ejecutivo.
El proyecto fue presentado por la diputada cordobesa Alejandra Torres y el rionegrino Sergio Capozzi, ambos con trayectoria en temas laborales. La iniciativa garantiza el pago de una prestación equivalente al 80% del salario en casos de “accidente o enfermedad inculpable”, con plazos variables según la situación del trabajador. Además, incorpora la posibilidad de “tercerizar el riesgo” mediante la contratación de seguros, ya sea a través de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) u otras compañías aseguradoras.
Los legisladores enviaron el texto a Patricia Bullrich y Lisandro Almirón, quienes presiden las comisiones de Trabajo en el Senado y en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que sea considerado si el Poder Ejecutivo decide retomar la discusión mediante una ley independiente de la modernización laboral ya aprobada. Sin embargo, fuentes libertarias señalaron a Clarín que el Gobierno no solicitó avanzar con este tema en el corto plazo.
La agenda parlamentaria tras el período de sesiones extraordinarias aún no está definida. Aunque el presidente Javier Milei mencionó en su discurso del 1° de marzo la intención de impulsar cerca de 90 paquetes de reformas, todavía no se han establecido prioridades legislativas. Por el momento, el Congreso se encuentra concentrado en la conformación de las comisiones que deberán analizar los próximos proyectos.
Actualmente, la legislación vigente establece que, en caso de accidente o enfermedad, el empleador debe abonar el salario durante tres o seis meses, dependiendo de si el trabajador tiene menos o más de cinco años de antigüedad. Ese plazo puede extenderse hasta doce meses si el empleado tiene familiares a cargo. Una vez finalizado ese período, se mantiene la reserva del puesto por un año y, si el trabajador no puede reincorporarse, el empleador puede extinguir el contrato.
El nuevo proyecto mantiene esos plazos, pero propone que la prestación equivalente al 80% del salario tenga carácter no remunerativo, por lo que quedaría exenta de aportes y contribuciones, salvo los destinados al sistema nacional de seguro de salud. También habilita que los empleadores sustituyan total o parcialmente esta obligación mediante seguros voluntarios. Mientras tanto, la reforma laboral recientemente aprobada aún no entró en vigencia, ya que el Ejecutivo debe promulgarla y publicarla en el Boletín Oficial, mientras la CGT intenta frenarla en la Justicia al considerar que vulnera garantías constitucionales y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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