Mercedes Cabezas, dirigente nacional de ATE, cuestionó a la Administración General de Puertos por contratar a Ezca, una firma acusada de violar derechos laborales y tributarios: «Estos son los verdaderos ñoquis».
La secretaria general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) nacional, Mercedes Cabezas, denunció que la Administración General de Puertos (AGP) contrató recientemente a una empresa de limpieza con graves antecedentes por precarización laboral, persecución sindical y evasión fiscal. Según la dirigente, se trata de una firma que ya había sido denunciada en el pasado por organizaciones sindicales y sociales.
“La empresa contratada tiene denuncias por pagar sueldos por debajo del convenio, despedir a trabajadoras embarazadas, aplicar descuentos arbitrarios, perseguir a delegados sindicales y evadir aportes. Aun así, fue contratada por el interventor por 1.700 millones de pesos, pagados por el Estado, por supuesto. Ojalá la gente se indigne y repudie estos hechos, porque estos son los verdaderos ñoquis”, afirmó Cabezas.

La empresa señalada es Ezca, que, según ATE y la CTA Autónoma, ya había sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo en el año 2022. En aquella ocasión, se le atribuyeron múltiples irregularidades, como la falta de recibos de sueldo, el no cumplimiento de aportes a la seguridad social y el incumplimiento de convenios colectivos.
Cabezas expresó su preocupación por la repetición de prácticas irregulares y criticó la decisión de volver a contratar a la empresa: “Ezca venía incurriendo en prácticas ilegales y, a pesar de este prontuario, decidieron volver a contratarla. Es una vergüenza, y desde ATE nos mantenemos en alerta”, declaró.
La situación se produce en un contexto institucional sensible. La Administración General de Puertos, hasta hace poco una sociedad del Estado, fue disuelta el 6 de enero de 2025 y reemplazada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que ahora depende del Ministerio de Economía. Esta reestructuración se enmarca en los cambios impulsados por el Gobierno nacional en distintas áreas de gestión estatal.
Desde ATE adelantaron que continuarán visibilizando el caso y no descartan acciones gremiales. “Es necesario que el Estado sea ejemplo en el respeto de los derechos laborales y no cómplice de prácticas abusivas con fondos públicos”, concluyó la dirigente sindical.
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