Mientras los acuerdos con la firma brasileña Embraer garantizan trabajo para el personal técnico de la empresa estatal de aviones FAdeA, crece el malestar interno por la presunta existencia de “ñoquis” con sueldos jerárquicos elevados. También se suman cuestionamientos a ciertas decisiones de gestión desde los trabajadores y los gremios.
La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) volvió a posicionarse en el centro del debate público tras concretar un nuevo envío de componentes aeronáuticos destinados al programa militar C-390 Millennium de la empresa brasileña Embraer. Este acuerdo industrial, que se mantiene activo desde 2011 pese a los cambios de gobierno, representa hoy uno de los principales sostenes de la actividad productiva de la planta cordobesa en medio de este contexto de ajuste marcado por restricciones presupuestarias que conllevan a tensiones sindicales y una caída general de la actividad en otros sectores de la compañía.
El reciente despacho, realizado el 31 de marzo hacia la planta de Gavião Peixoto, en el estado de San Pablo, incluyó piezas estratégicas como puertas del tren de aterrizaje, spoilers, carenados móviles y otros componentes estructurales. Durante 2025, la empresa acumuló 21 envíos vinculados a este programa, consolidando su rol como proveedor dentro de la cadena de producción internacional. Para los trabajadores asignados a esta línea, estos contratos significan no sólo continuidad laboral sino también el reconocimiento de la calidad de la mano de obra técnica argentina.
Sin embargo, este alivio productivo contrasta con el creciente malestar interno entre técnicos y operarios, quienes denuncian la existencia de contrataciones jerárquicas y asesorías con altos salarios que, según afirman, no se traducen en tareas concretas dentro de la fábrica. Los reclamos no se limitan únicamente a las suspensiones rotativas o a los pagos parciales de salarios, sino que también apuntan a lo que describen como una conducción empresarial desconectada de las necesidades reales de la producción.
Las críticas se intensificaron tras conocerse una lista de asesores, auditores y cargos externos que, según los trabajadores, incluiría personas sin presencia regular en la planta, los llamados “ñoquis”. Esta situación motivó incluso la intervención del ministro de Defensa, Carlos Presti, quien habría solicitado a la conducción de la empresa revisar estas designaciones. En el trasfondo aparece una preocupación recurrente en el sector público: la posibilidad de irregularidades administrativas que puedan derivar en investigaciones judiciales.
Entre los casos señalados por los gremios figuran asesores con salarios millonarios y presuntas incompatibilidades funcionales, además de vínculos familiares en algunas contrataciones. Estas denuncias reavivaron el debate sobre los “ñoquis”. Para los trabajadores de planta, esta situación genera un fuerte contraste con la realidad cotidiana de quienes sostienen la producción y enfrentan la incertidumbre laboral.
En paralelo, también crecen las especulaciones sobre el futuro de FAdeA en el marco de las políticas de reforma del Estado y apertura al capital privado. Aunque la fábrica no figura formalmente en los planes de privatización, los problemas de financiamiento y gestión alimentan versiones sobre posibles cambios en su estructura societaria. En este escenario, los trabajadores reclaman mayor transparencia en la administración y priorizar la inversión en producción y empleo genuino como condición indispensable para garantizar la continuidad de una empresa considerada estratégica para la industria nacional.
INFOGREMIALES
