El gobierno de Santa Fe, liderado por Maximiliano Pullaro, presentó una oferta de incremento del 7% para docentes y estatales en el segundo semestre, con aumentos escalonados y la posibilidad de reabrir la negociación antes de fin de año.
El gobierno provincial de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro presentó este lunes su propuesta salarial para la segunda mitad del año, que contempla un incremento del 7% para docentes y trabajadores estatales. El aumento se aplicará de manera escalonada, desde julio hasta diciembre, con la posibilidad de reabrir la negociación antes de fin de año en caso de cambios en el escenario económico tras las elecciones nacionales de medio término.
Para el sector docente, la oferta incluye un piso garantizado de incremento de 40.000 pesos desde julio —a abonarse este mes por planilla complementaria— y de 70.000 pesos a partir de octubre. El esquema propuesto distribuye el aumento en tramos: 1,5% en julio, 1,5% en agosto, y 1% mensual entre septiembre y diciembre. Los gremios Amsafé, Sadop, UDA y Amet debatirán la propuesta en asambleas provinciales el jueves 14. Dirigentes como Rodrigo Alonso (Amsafé) y Pedro Bayugar (Sadop) adelantaron críticas, calificándola de “insuficiente” y “alejada de la pauta inflacionaria”.
En el caso de los estatales, la propuesta sigue el mismo porcentaje global y esquema de aplicación que para los docentes, con el cálculo realizado sobre el salario de junio. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Santa Fe, Jorge Molina y Marcelo Delfor destacaron que la política “privilegia a los compañeros que menos tienen” y que incorpora incentivos para personal en áreas específicas, como terapias intensivas y portería escolar.
Tanto en el sector docente como en el estatal, el Gobierno provincial dejó abierta la posibilidad de revisar las cifras antes de fin de año. La definición sobre la aceptación o el rechazo llegará en los próximos días: el miércoles se conocerá la respuesta de los estatales y el jueves la de los maestros.
Las negociaciones paritarias se desarrollan en un contexto de alta inflación y de tensión entre la necesidad de recomponer salarios y las limitaciones presupuestarias provinciales. Mientras algunos sectores valoran el esquema como un avance, otros lo ven insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
