
La CTA denunció persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora: «El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer estas penas»
A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno nacional intimó a la CTA Autónoma junto a otras organizaciones y movimientos sociales al pago de multas que ascienden a los $ 56.760.282 y $ 40.419.227 por participar de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente. La central no demoró en responder.