La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo encendió la alarma en las provincias, que denuncian una “reforma tributaria encubierta” con fuerte impacto en la coparticipación y beneficios concentrados en grandes empresas. El problema radica en la desigualdad con que el Gobierno reparte beneficios a opositores y aliados. Los cambios tributarios que incluye el proyecto, especialmente en el impuesto a las Ganancias, beneficiarían a pocos pero perjudicarían las ya maltratadas finanzas provinciales.
El proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de tensión con las provincias, que alertan por el fuerte impacto que tendría el capítulo tributario de la iniciativa sobre los recursos coparticipables. Gobernadores de distintos signos políticos ya hicieron saber su preocupación ante las modificaciones propuestas en el impuesto a las Ganancias y la eliminación de impuestos internos, medidas que, de aprobarse, reducirían de manera significativa los ingresos automáticos que reciben los distritos.
La principal alarma se concentra en los cambios al impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la coparticipación federal. El proyecto plantea una reducción de las alícuotas para las sociedades en los tramos más altos, así como la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas modificaciones ascendería al 0,22% del PBI, unos $1,9 billones anuales, de los cuales $1,12 billones corresponderían a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La pérdida de recursos no sería uniforme. Buenos Aires encabeza la lista de distritos más afectadas, con un recorte estimado en $238.558 millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza.
Si bien el Gobierno sostiene que la baja de Ganancias busca mejorar la rentabilidad empresaria y fomentar inversiones, desde las provincias cuestionan el reparto de costos y beneficios. En ese sentido, el senador Jorge Capitanich calificó la iniciativa como “una reforma tributaria encubierta” y advirtió que la reducción de alícuotas beneficiará a un grupo reducido de grandes empresas. De hecho, el tramo más alto del impuesto, que concentra el 76% de la recaudación, alcanza a apenas 1.856 sociedades, el 1% del total.
A los cambios en Ganancias se suma la eliminación de impuestos internos a rubros como seguros, telefonía celular, artículos suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo y aeronaves. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta medida tendría un costo fiscal de unos 334 millones de dólares anuales, aunque Capitanich eleva esa cifra a 548 millones. Se trata de impuestos coparticipables desde 1996, por lo que su eliminación implicaría otro golpe directo a las finanzas provinciales, a las que el Gobierno nacional no deja de sumarles importantes ítems a su cargo, como la educación.
El debate se da, además, en un escenario de fuertes desigualdades en la distribución de transferencias automáticas. Según Politikon Chaco, provincias alineadas con el oficialismo registraron subas superiores al 200%, mientras que distritos más críticos del Gobierno no alcanzaron el 50%.
Con el dictamen ya firmado, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se preparan para una ronda de negociaciones que promete ser intensa. El objetivo es llevar el proyecto al recinto en la segunda semana de febrero, aunque el interrogante central pasa por saber si el capítulo tributario, impulsado por el Ministerio de Economía, se mantendrá sin cambios o deberá ser modificado para destrabar el respaldo de gobernadores y sectores de la oposición.
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