El juez federal Ariel Lijo archivó la causa en la que se investigaban presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). El expediente había sido uno de los argumentos para impulsar el juicio político contra la Corte Suprema. La causa se había iniciado en 2021 a partir de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
Ariel Lijo sostuvo que “no se ha corroborado conducta alguna penalmente relevante que permita avanzar en el proceso”, al señalar que las decisiones adoptadas por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda —quien se jubiló a fines de 2024— no fueron “extralegales, arbitrarias ni desproporcionadas”.
La causa se había iniciado en 2021 a partir de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU RA) que apuntaba a contrataciones con empresas fantasma y un sistema de atención VIP para ciertos afiliados. La acusación estaba dirigida principalmente contra Maqueda, que había promovido a Aldo Tonón como director de la obra social.
Si bien inicialmente el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación, posteriormente pidió el sobreseimiento. Más tarde, el fiscal Guillermo Marijuan presentó una nueva denuncia basada en votos disidentes del ministro Ricardo Lorenzetti sobre los cambios en el directorio y el estatuto de la obra social.
Lijo analizó los fundamentos de la mayoría de la Corte y una auditoría interna realizada en plena crisis sanitaria derivada de la pandemia. Según el fallo, los jueces justificaron las contrataciones y las modificaciones en el organigrama en la necesidad de “afrontar una crisis sanitaria con alta demanda” y aseguraron que las designaciones cumplían con “los requisitos legales y reglamentarios”.
El magistrado concluyó que “no surge indicio de ilicitud” en las resoluciones y acordadas de la Corte Suprema, lo que derivó en el archivo definitivo del expediente.
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