El titular de la UTA, Roberto Fernández, lejos de solidarizarse con los choferes de la provincia mediterránea los acusó de “jugar a la política” y reclamó al estado provincial a “intervenir en el conflicto con mayor fortaleza”.
Los empleados de la harinera marplatense se manifestaron en la puerta de la planta, en avenida Luro y Chile, en rechazo del cierre del establecimiento anunciado la semana pasada y de una oferta indemnizatoria del 65%.
La central obrera pidió al sector que encabeza Florencio Randazzo que “no le haga el juego a los grupos económicos”. Hugo Yasky anunció que están conversando con la CGT y movimientos sociales para sumarlos al acto del 19 de junio en Ferro.
La Escuela Itinerante fue inaugurada en Santa Fe y en el acto de apertura, Sonia Alesso, insistió en reclamar la convocatoria a la paritaria nacional y denunció que “se está desfinanciando la educación” con la subejecución de partidas.
La Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) respaldó la nueva ley de Ley de Riesgo de Trabajo aunque consideró que todavía resulta “insuficiente para solucionar los problemas de las pymes”.
Ya había imputado al Presidente y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad. Ahora presentó un nuevo dictamen al juez federal Ariel Lijo, a partir de datos que detectó Gabriela Boquin sobre presunto vaciamiento.
Las dos CGT de la provincia movilizan para respaldar a los choferes que ya llevan una semana de paro y ante la decisión de la Municipalidad de neutralizar la medida de protesta.
“Me parece que está al borde de ir preso”, sostuvo Gustavo Arreseygor del SATHA, respecto de Venegas. Es por las complicaciones que el “Momo” tiene a propósito de la denuncia por troqueles “truchos” de parte de la obra social de UATRE.
“Vaca Muerta” mediante, se esperaba la reactivación del mercado laboral petrolero en la cuenca neuquina. Sin embargo perdió en lo que va del año el 8% de sus puestos de trabajo.
La firma centenaria anunció que cancela sus operaciones porque no puede cubrir los costos y le ofreció a los empleados una indemnización al 65%. Los trabajadores piden una solución al Ministerio de Trabajo.