La CGT, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y organizaciones sociales se movilizan hoy al Congreso en demanda de la aprobación definitiva de la Ley de Emergencia Social, que ya tiene media sanción el Senado.
El titular de Camioneros y ex líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, convocó a participar de la movilización de hoy al Congreso Nacional, por la emergencia social, durante el acto de homenaje a Saúl Ubaldini.
Son las cifras del sistema de seguridad social, que releva declaraciones juradas de compañías sobre el número de empleados. Abarca sólo el universo de trabajadores registrados. Confirma las estimaciones privadas.
Con la intervención al borde de expirar, Gonzalez deberá afrontar más denuncias judiciales por su actuación como interventora. Una por administración fraudulenta y otra por desistir de avanzar en la resolución de los comicios. Jaque a su carrera política.
En el Congreso de la Nación, e impulsado por 27 sindicatos de judiciales de todo el país, se presentará el proyecto de ley para regular la negociación colectiva de los más de 100 mil empleados de la actividad. La iniciativa consiguió el apoyo de la mayoría de los bloques.
“La industria textil va camino a parecerse a los 90”, señaló el secretario adjunto del sindicato, José Listo, en referencia a la crítica situación que vive el sector por la caída de la demanda y la apertura de importaciones.
Destacando el rol del Papa Francisco, con fuertes críticas al Gobierno Nacional y convocando a acompañar “a los compañeros que sufren la informalidad”, Andrés Rodriguez festejó el Día de la Militancia con la juventud de UPCN.
La Unión Trabajadores de la Industria del Calzado había dado el alerta sobre la pérdida de 3.500 empleos ante el aumento de la importación. Un informe confirmó que las importaciones de calzado crecieron 30,1%.
El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut denunció que “la operadora de Bandera (por YPF) está a la vanguardia de la falta de inversión” y que hace 20 días paralizó todas las perforaciones por lo que “la gente no tiene nada para hacer”.
Un estudio demuestra que los empleados públicos perdieron en 2016 un 6% de poder adquisitivo. Para recomponer lo erosionado por la inflación, el bono de fin de año debería ser equivalente a un salario medio del sector.