El Sindicato Argentino de Docentes Privados convocó a un paro nacional con movilización hacia la Plaza de Mayo para el 2 de septiembre próximo ante “la negativa del gobierno a reabrir la paritaria federal para elevar el salario mínimo”.
El diputado nacional y secretario general del gremio de canillitas, Omar Plaini, señaló: “Estamos a días de la unidad”. Además dijo que ayudará a ordenar al peronismo.
Fracasó otro encuentro entre el Sindicato de Azucareros y El Tabacal, en el marco del conflicto que mantienen hace 68 días. La crisis la desató la intención de la firma de imponer un cuarto turno que reduce el salario de los empleados.
El gremio docente mayoritario bonaerense denunció amenazas e intimidaciones en varias seccionales que advertían: “no se metan con el gobierno”. Avanzaron en una denuncia policial y pidieron que se investigue.
Alejandra Gils Carbó. Finalmente la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó presentó su dictamen sobre tarifazo, apuntando a la falta de audiencias públicas y a favor de los amparos que frenan las subas en las tarifas de gas y luz.
La Asociación Obrera Textil (AOT) denunció que en el primer semestre del año se produjeron 313 despidos y más de 3000 suspensiones y advirtió que las importaciones aumentaron entre un 30% y un 140%, por lo que amenazan con paralizar la producción de varios sectores de la industria.
Por la crisis en Brasil y por la baja sensible en el consumo interno, la automotriz resolvió detener su producción y decidió reducir personal. Suspensiones masivas y retiros voluntarios para disfrazar despidos.
El titular de Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, informó que harán paro nacional los días 24 de agosto y 2 de septiembre porque “la educación nacional está en crisis” y pidió “una reacción urgente de parte de la cartera educativa”.
El secretario gremial de la CGT Azopardo y miembro de la Comisión de Organización del Congreso Normalizador, Abel Frutos, informó que son más de 2 mil los congresales habilitados de 213 gremios para votar las nuevas autoridades.
La intervención macrista del SOMU, a cargo de Gladys Gonzalez, solicita en un escrito presentado al Juez quedarse en el gremio entre 2 y 4 años para “limpiarlo” de militantes políticos o gremiales a pedido de Dietrich y las patronales.