La precariedad, en camino ascendente, ya golpea al 54,1% de los trabajadores. Además casi un 10% de los argentinos se mantiene desocupado y un 18% está “subocupado en actividades de baja remuneración y alta inestabilidad”.
Cuatro sindicatos docentes con representación nacional responsabilizaron al jefe de la cartera educativa para el caso de que el ciclo lectivo 2017 no comience en tiempo y forma, por su negativa a negociar salarios.
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció que los estatales provinciales cobrarán un bono de fin de año de 2.000 pesos que se abonará el 10 de enero próximo. Ya son 13 las provincias que harán el pago extraordinario.
Las federaciones de docentes universitarios, CONADU y CONADU Histórica, hicieron saber su descontento ante la falta de propuestas salariales concretas, y no descartaron iniciar el ciclo lectivo 2017 con medidas de fuerza.
El Ministerio de Trabajo dictó ayer la conciliación obligatoria en el conflicto en la señal deportiva ESPN por doce despidos “injustificados”. “Las empresas se sienten fuertes para despedir”, señalaron desde el Satsaid.
En su cierre del año, el MASA pidió “una CGT fuerte, con un proyecto claro, en momentos de pérdida de empleo, de aumento de la canasta básica y de los servicios, de políticas contrarias a las industria nacional y al trabajo”.
El Frente Gremial Docente no le da tregua a Vidal y movilizará para reclamar reapertura de la paritaria y aumento del presupuesto educativo. “Los docentes quieren recuperar el poder adquisitivo que han perdido”, señalaron.
Contra el desguace de Anses y contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los cuatro gremios del organismo paralizarán las tareas el 20 de diciembre.
La campaña nacional “Paremos el despido contra los dirigentes sindicales del SUTEF” cerró su primera etapa con la presentación de un petitorio acompañado por miles de firmas de distintas provincias y países de la región.
Ante la transferencia del programa Conectar Igualdad del organismo previsional a la órbita de Educ.ar, los trabajadores se declararon en estado de alerta. Creen que es parte de una política sistemática de vaciamiento