Los trabajadores de la Obra Social Docente, nucleados en el Sitosplad, realizaron un paro nacional de actividades con movilización al Ministerio de Trabajo. Reclaman paritarias y el blanqueo de sumas en negro.
Las dos CTA resolvieron movilizar el 2 de junio a Plaza de Mayo contra el veto de la ley antidespidos y el tarifazo en los servicios públicos. Buscarán sumar más gremios y organizaciones políticas y sociales.
El presidente de la Cooperativa Matadero del Frigorífico Bragado, Carlos Alichili dijo que el tarifazo los dejó al borde de la quiebra y que se perderían 50 empleos. Además comentó que las recuperadas “van derecho al cierre de las persianas”.
Los empleados de la firma Tec Plata aceptaron cobrar el 70% de su salario a cambio de que les garanticen continuidad laboral hasta enero. Un signo de los tiempos.
Se trata de 56 cesantías deobreras que cumplían funciones en la firma alemana, ubicada en el parque industrial de Pilar. Señalan que se trata del inicio de un plan de flexibilización laboral.
La empresa de heladeras GAFA, radicada en Rosario, comunicó el martes la suspensión de 360 empleados que se desempeñan en el sector de producción, debido al incremento de productos extranjeros y a la caída del consumo.
Delegados de la planta del frigorífico Swift, ubicada en Villa Gobernador Gálvez, denunciaron que desde la semana pasada se producen despidos. Se trata de 9 en total.
El martes se realizó un nuevo paro de estatales por la reincorporación de los despedidos, un aumento salarial del 45% y lo que el titular de ATE, Hugo Godoy, denominó una “tercera reforma del Estado” impulsada por el gobierno.
Aunque crece la conflictividad, Vidal cierra la delegación de Trabajo en La Matanza El titular de la seccional La Matanza de la CGT, Mario Ortiz, manifestó su malestar por lo que entiende es el “cierre intempestivo” de la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense en ese distrito en un escenario convulsionado en materia laboral.
Además de los motivos políticos y sindicales para retacear la convocatoria a un paro, la CGT especula con el desembolso de 2.700 millones de pesos que el Estado debe del presupuesto anual de la Superintendencia de Servicios de Salud.