El exministro de Trabajo de Carlos Menem, José Armando Caro Figueroa, afirmó que la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei es “profunda, sesgada e incompleta”, al sostener que prioriza el fortalecimiento del poder empresarial, restringe la negociación colectiva y el derecho de huelga, y omite una mirada federal y consensuada del sistema laboral argentino. El exfuncionario explicó que el proyecto habilita mecanismos administrativos ya ensayados sin éxito en los años noventa.
En una extensa nota de opinión publicada en El Tribuno de Salta, José Armando Caro Figueroa sostuvo que la reforma presentada por el Ejecutivo es “una de las más profundas de las que se tenga memoria en nuestro país”, al punto de requerir “25 Títulos y casi 200 artículos” para modificar aspectos centrales del derecho laboral como el contrato individual de trabajo, el empleo, la negociación colectiva, el derecho de huelga, la organización sindical y hasta sobre la jurisdicción y los procedimientos laborales.
Desde su experiencia como exfuncionario entre 1993 y 1997, consideró que “la mayoría de estos cambios están pensados para beneficiar a las grandes empresas” y que el objetivo central no es reducir costos laborales, sino “reafirmar el poder de dirección del empleador en rescate de los espacios ganados por algunas organizaciones sindicales”. En ese sentido, afirmó que la reforma “es el resultado de una puja de poder, antes que una herramienta para la distribución de las rentas”.
Caro Figueroa también advirtió que el proyecto se inscribe en un ciclo histórico de “reformas y contrarreformas” que genera inseguridad jurídica y desalienta inversiones. A su juicio, el Gobierno optó por “el camino de la unilateralidad desdeñando las técnicas y compromisos propios del consenso”.
Uno de los ejes más críticos de su análisis está puesto en los cambios propuestos para la negociación colectiva. Si bien reconoció iniciativas orientadas a descentralizar los convenios y reformar la ultraactividad, advirtió que estas quedan neutralizadas por la apertura a la negociación individual, la restricción del derecho de huelga y la asfixia económica a los sindicatos. “Si no hay más remedio que convivir con sindicatos, debilitémoslos”, resumió de manera irónica.
Respecto de la ultraactividad, explicó que el proyecto elimina concesiones históricas y habilita mecanismos administrativos ya ensayados sin éxito en los años noventa. Además, remarcó que ante conflictos entre convenios, se otorga prioridad al acuerdo posterior “admitiendo incluso los pactos en perjuicio de la situación precedente”.
Otro punto sensible es la habilitación de sindicatos de empresa. El exministro señaló que el artículo 136 permite que trabajadores se escindan de los sindicatos de actividad para formar organizaciones propias, una modificación “rechazada desde siempre por los sindicatos tradicionales” y que revive conflictos históricos de la década de 1960.
En cuanto a la mirada federal, Caro Figueroa cuestionó que el proyecto mantenga un esquema unitario y no contemple las particularidades del Norte Grande. “No se advierte ningún tratamiento diferencial en favor de los empleadores ni trabajadores del Norte”, afirmó, y advirtió que las decisiones seguirán concentradas en las cúpulas empresarias y sindicales.
También calificó como “falacias” los argumentos oficiales que prometen erradicar el trabajo no registrado y la llamada industria del juicio. Según explicó, la informalidad no se combate con leyes sino con políticas económicas y de capacitación, mientras que la litigiosidad laboral en el interior del país “directamente no existe”.
Finalmente, cuestionó con dureza el Fondo de Asistencia Laboral, al que definió como “una extravagancia que desfinancia las prestaciones sociales para abaratar ciertos despidos e indemnizaciones”, y enumeró los temas ausentes del proyecto, como la crisis del sistema de obras sociales, la libertad sindical y el fortalecimiento de los convenios para PYMES.
A modo de cierre, Caro Figueroa sostuvo que la reforma solo tendría valor si sirviera para avanzar en la autonomía real de empleadores y trabajadores respecto del poder político y de las cúpulas, y si abriera un proceso de consenso amplio “estrechamente apegado a la Constitución y a los Tratados Internacionales”.
