El conflicto laboral en Petroquímica Río Tercero se agravó tras el fracaso de la mesa de diálogo de este martes. La empresa presentó una denuncia por supuestos hechos de violencia, mientras el gremio asegura que la medida de fuerza la realizan trabajadores en forma independiente y es pacífica. En los pasillos se rumorea que el objetivo patronal es bajar la masa salarial a la mitad, sea mediante despidos y recortes de sueldos, para vender la planta a Transclor.
La crisis en Petroquímica Río Tercero (PR3) escaló a un nuevo nivel de tensión tras quebrarse las negociaciones entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores Químicos. El punto fue la denuncia penal que la compañía presentó contra el gremio, acusándolo de actos vandálicos y de retener ilegalmente a personal jerárquico durante una protesta en las instalaciones, algo que la representación sindical niega de forma categórica.
El conflicto, que se arrastra desde octubre del año pasado, se recrudeció en julio con una nueva tanda de despidos que llevó la planta de 375 a apenas 130 empleados, paralizando por completo la actividad productiva. Desde entonces, los trabajadores mantienen una ocupación en el predio.
Según fuentes gremiales, la ruptura de la mesa se produjo porque la empresa condicionó la reincorporación de 16 de los 124 trabajadores despedidos en julio a una aceptación previa de una rebaja salarial generalizada para toda la planta. Los trabajadores rechazaron de plano la propuesta, que calificaron de «inviable y abusiva». Además, denuncian que la empresa aplicó unilateralmente en agosto un recorte del 15% en los salarios, al dejar de pagar adicionales.
«Es una locura pretender que el salvataje de la industria salga de los bolsillos de los trabajadores», afirmó una fuente sindical con conocimiento directo de la negociación a La Voz del Interior. El gremio también reprocha que la empresa no haya presentado un plan concreto para pagar las indemnizaciones que adeuda por los despidos masivos.
Desde la empresa, en cambio, se argumenta que la reapertura de la planta es la única manera de generar los ingresos necesarios para enfrentar la convocatoria de acreedores que ellos mismos solicitaron. Una fuente empresarial explicó que, tras el cierre de la principal unidad productiva en octubre de 2024, la planta está «sobredimensionada» y no es sostenible económicamente mantener la misma dotación de personal. Sobre el recorte salarial, sostuvieron que los adicionales en disputa sólo se abonan cuando hay producción, la cual está paralizada.
La denuncia penal presentada por PR3 aleja aún más una salida negociada. La empresa acusa al sindicato de causar destrozos y de retener durante horas a gerentes y supervisores. El gremio lo desmiente y insiste en que su medida es una «ocupación pacífica» en reclamo por la fuente de trabajo.
Fuentes cercanas al sindicato minimizaron el número de personas dentro de la planta y aclararon que su presencia es voluntaria, desvinculándose de cualquier acción que pueda ser interpretada como una toma forzada. «Al ser una propiedad privada, si un juez determina una orden de desalojo, los muchachos se retirarán. No hay intención de generar un caos que perjudique aún más la situación», explicó una de estas fuentes, argumentando que ese tipo de narrativas en la prensa pueden ahuyentar a potenciales inversores y acelerar una quiebra.
El fantasma de la venta
En el ambiente gremial circula con fuerza la sospecha de que la estrategia de la empresa, con los despidos y la presión para bajar los salarios, apunta en realidad a reducir su masa salarial para hacerla más atractiva para un eventual comprador. El nombre que se menciona en los pasillos es el de la firma Transclor, ligada al empresario Mauricio Filiberti, a quien se señala como el posible financista tras la escena.
Con la negociación rota pero la puerta abierta a una nueva reunión en los próximos días, el conflicto en Petroquímica Río Tercero parece encaminarse hacia una encrucijada crítica, donde la supervivencia de la empresa y el futuro de cientos de familias penden de un hilo.
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