El sindicato del neumático denunció que la empresa Pirelli impide el ingreso de su Comisión Directiva a la planta de Merlo y ejecuta despidos, incluso de trabajadores designados como autoridades de mesa, en medio de paritarias tensas y a días de las elecciones gremiales que tendrán lugar el 23, 24 y 25 de septiembre.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) denunció que la empresa Pirelli lleva adelante despidos arbitrarios, algunos de ellos de trabajadores designados como autoridades de mesa en las próximas elecciones, al mismo tiempo que impide el ingreso de la Comisión Directiva sindical a la planta de Merlo.
Según informó el gremio, estas acciones configuran una violación de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que garantiza el derecho de los representantes sindicales a ingresar a los lugares de trabajo para reunirse con los trabajadores y representarlos. Ante la situación, el SUTNA presentó denuncias tanto en la esfera administrativa como judicial, solicitando una medida cautelar que obligue a la empresa a permitir el acceso de la representación gremial.
“La patronal ha cruzado todos los límites, entrometiéndose en forma desvergonzada en un proceso de decisión de los trabajadores”, expresaron desde el sindicato, en alusión a la presión ejercida sobre presidentes de mesa y otros empleados vinculados al próximo proceso electoral.
La Justicia laboral ordenó un juicio en carácter sumarísimo, aunque todavía no se expidió en relación con la cautelar solicitada. El SUTNA apeló esta falta de respuesta y advirtió que realizará nuevas acciones gremiales, al tiempo que llamó a otras organizaciones obreras a pronunciarse en defensa del derecho a la organización sindical.
En el comunicado, la organización sindical también criticó la posición empresaria en la actual negociación paritaria, donde —aseguran— solo se han ofrecido rebajas salariales y propuestas de flexibilización laboral. “Desde la recuperación del sindicato hace nueve años no se permite un retroceso de este tipo”, remarcaron.
El gremio exige la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos, el cese de lo que califican como una actitud “antiobrera” y la intervención urgente de la Cámara Nacional de Trabajo, Sala VII, para garantizar el cumplimiento de los derechos sindicales.
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