Un informe de la CTA Autónoma expone el aumento de la represión a la protesta social bajo el protocolo impulsado por Patricia Bullrich, mientras la Justicia Federal puso límites al accionar del Ministerio de Seguridad al considerarlo restrictivo del derecho constitucional a manifestarse.
La Justicia Federal puso un freno al protocolo represivo impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, al considerar que se trata de un régimen normativo “restrictivo del derecho a la protesta”. La resolución, conocida hace una semana, representa un revés significativo para el Gobierno, aunque la medida fue apelada con el objetivo de mantener vigente el accionar de las fuerzas federales frente a las manifestaciones sociales.
El fallo judicial se conoce en un contexto marcado por un fuerte incremento de la represión estatal. Según el último informe del Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 el Ministerio de Seguridad fue responsable directo de 52 represiones a protestas callejeras, con un saldo de al menos 2.382 personas heridas y 229 manifestantes detenidos como consecuencia de la intervención de fuerzas federales.
A nivel nacional, el relevamiento contabiliza 103 episodios de represión estatal a la protesta social, que dejaron 2.615 personas heridas y 363 detenidas. El informe advierte que detrás de estas cifras existen consecuencias graves e irreversibles, incluyendo casos fatales como el asesinato de Facundo Gómez en Salta en diciembre de 2024, situaciones de extrema gravedad como la de Pablo Grillo en marzo de 2025, y al menos cinco manifestantes que perdieron la visión de un ojo por impactos de proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad.
Los datos reflejan además una tendencia creciente en la intensidad de la represión. Mientras que durante todo 2024 se registraron 50 represiones con 1.163 personas heridas, en solo los primeros diez meses de 2025 ya se contabilizaron 53 hechos represivos, superando el total del año anterior. El número de heridos ascendió a 1.452, lo que implica un aumento aproximado del 25% en un período más corto, evidenciando una escalada en el uso de la violencia estatal.
Paralelamente, el informe señala un avance sostenido en la criminalización de la protesta social. Desde el inicio del actual Gobierno hasta octubre de 2025 se registraron 491 detenciones de manifestantes y militantes de organizaciones sociales y sindicales. Solo en los primeros diez meses de 2025 se produjeron 321 detenciones, un 88% más que las registradas en todo el período anterior, con el 77% de esos arrestos ocurridos durante operativos represivos.
Otro aspecto especialmente grave es la aplicación de detenciones prolongadas que exceden el límite legal de 24 horas, una práctica considerada ilegítima y violatoria de garantías constitucionales. El Monitor documenta casos en ciudades como Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, donde manifestantes permanecieron privados de su libertad durante períodos excesivos sin justificación judicial, reforzando el carácter punitivo e intimidatorio de la política de seguridad.
Desde la CTA Autónoma remarcan que el freno judicial al protocolo represivo resulta clave en un escenario de crecientes conflictos sociales vinculados a despidos, recortes salariales y jubilatorios, la defensa de los recursos naturales y la oposición a la reforma laboral. En ese marco, advierten que la resolución judicial abre una instancia fundamental para proteger el derecho constitucional a la protesta frente a una estrategia estatal que, según denuncian, busca disciplinar y amedrentar a la sociedad.
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