Lo oficializó hoy en el Boletín Oficial y creó dos nuevas entidades autárquicas, una para el personal militar y otra para las fuerzas federales de seguridad.
El Gobierno disolvió hoy el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) -que desde que quedó en manos de La Libertad Avanza generó deudas millonarias y recortó coberturas en todo el país- y creó dos nuevas entidades autárquicas, una destinada exclusivamente al personal militar y otra a las fuerzas federales de seguridad. La oposición criticó la medida y recordó que cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la institución estaba saneada y tenía superávit.
La medida, que fue oficializada mediante un decreto, dispuso la escisión definitiva del organismo —que tiene más de 600.000 afiliados— y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg). Según el Gobierno, la medida tiene que ver con un “movimiento estratégico orientado a mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas”. Sin embargo, en los hechos, la atención médica para el personal venía en un largo y profundo declive provocado por la administración libertaria a través del desfinanciamiento y las deudas gigantescas.
El exministro de Defensa Agustín Rossi sostuvo que “no hay cosa que Milei no destruya: fundieron Iosfa y ahora sacan un DNU para disolverla”. Además, el dirigente peronista contó que, tras finalizar su gestión, la obra social tenía “un superávit que ellos convirtieron en un déficit consolidado de 200.000 millones y un déficit operativo mensual enorme”. A través de una publicación en sus redes sociales, Rossi sostuvo que es el “mismo modus operandi que con Andis: creer que con el perro muerto se acaba la rabia”.
Además, Rossi hizo hincapié en los múltiples cambios que sufrió la obra social desde que La Libertad Avanza llegó al poder: “En los dos primeros años de la gestión Milei-Petri destruyeron Iosfa. En dos años cambiaron tres veces a los administradores: ineficiencia y falta de transparencia. Reclamos de todo tipo: afiliados en primer lugar, prestadores y proveedores. ¿Y qué solución encontraron para resolver el problema? Disolver el Iosfa”, indicó.
Desde el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, y la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, argumentaron que “la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios”. Un argumento que se desvanece con los hechos.
También el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli se quejó por la decisión de la Casa Rosada y ratificó que, cuando terminó el gobierno del Frente de Todos, Iosfa tenía los números en orden. “En diciembre de 2023 era superavitaria. Milei y Petri la destruyeron”, escribió el santafesino en X junto a un dibujo en el que dos personas destruyen a martillazos un edificio del organismo.
La decisión se da en el marco de un profundo desguace de la obra social que este diario ha ido relatando. Ayer, se conoció una auditoría interna que muestra que el crecimiento de la deuda de Iosfa fue exponencial, tanto en forma nominal como ajustada por inflación. Según el documento 9/2025 que publicó el diario Ámbito Financiero, la deuda en marzo de 2024 era de 42.000 millones de pesos, pero en junio de 2025 pasó a ser de 210.000 millones.
A eso hay que sumarle que, en enero de 2025, la obra social tomó una deuda por 40.000 millones de pesos con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Las estimaciones indican que el costo financiero será de 48.000 millones de pesos, por lo que el Estado terminará pagando 88.000 millones de pesos en 36 cuotas.
La gestión de Iosfa estuvo en manos de tres administradores, los tres mendocinos —al igual que el exministro Petri, quien los designó—. Los dos primeros, Oscar Sagás y Roberto Fiochi, pidieron préstamos siderales que no se pagaron, y la última fue Betina Surballe. Durante los dos años de gestión libertaria, el personal (sobre todo médicos y técnicos) fue renunciando y los prestadores optaron por dejar de brindar el servicio o exigir copagos altísimos.
A esto se sumó el drama de los afiliados, que en algunos casos tuvieron que pelear para que les entreguen medicamentos oncológicos o insulina. “Nuestras compañeras se van llorando. No hay prótesis, no hay marcapasos. Es una crisis terrible”, contó meses atrás a este diario Rubén López, secretario de la junta interna de Iosfa.
Pero el ataque a la obra social por parte del gobierno de LLA fue múltiple: a las deudas millonarias se sumaron los despidos masivos en enero de 2025, que dejaron aún más debilitada a la institución. Ese mes, echaron a 150 trabajadores, incluidos quienes habían aprobado exámenes de idoneidad. Entre ellos, personas con 27 años de antigüedad, agentes con licencias psiquiátricas e, incluso, mujeres con hijos menores a un año. Los despidos fueron en ciudades clave como Mar del Plata, Bahía Blanca, Misiones, Tucumán, Córdoba y Bariloche; las personas cesanteadas cobraban, en promedio, 500 mil pesos. En ese momento, la Asociación de Trabajadores del Estado denunció el intento de privatización de Iosfa.
El abandono libertario
La desidia del gobierno de Javier Milei y la del ahora diputado y exministro de Defensa, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Presti, es apenas una muestra del abandono libertario a las fuerzas armadas: el 60 por ciento de los miembros del Ejército están por debajo de la línea de pobreza y el recorte del presupuesto impide realizar entrenamientos normales por ejemplo, con un tanque)¿.
Tal como contó Página/12, la cuestión presupuestaria impacta, además, en lo operativo: hay un 60 por ciento menos de adiestramiento y, mientras antes se compraban unos 20.000 uniformes anuales, ahora se compran 5.000. La baja de los recursos pega incluso en la comida. Esto explica que las fuerzas militares y las de seguridad se estén vaciando, porque cualquier trabajo precarizado equipara o supera los salarios. En el 2025, en el Ejército pidieron la baja al menos 300 efectivos, cuando normalmente las bajas no pasaban de 80.
Esta situación es similar a lo que pasa en otros ámbitos, con niveles nunca vistos de pedidos de baja en la Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Aeroportuaria y las Fuerzas Armadas.
